– Garzón quiere poner en aprietos a Rouco con fusilados y desaparecidos
El juez de la Audiencia Nacional solicitó a la Abadía del Valle de los Caídos y a la Conferencia Episcopal información sobre los desaparecidos y fusilados durante la Guerra Civil.
El juez Baltasar Garzón, quien todavía no ha decidido si se declara competente para investigar la causa sobre fusilamientos y desapariciones de la Guerra Civil y la dictadura franquista, ha decidido, como paso previo, intentar acreditar la cifra global de desaparecidos que hubo durante la guerra civil y los primeros años de la posguerra.
A través de una diligencia hecha pública este lunes, el juez pide a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional de San Lorenzo del Escorial (Madrid) para que «proporcione información sobre el nombre de las personas que en este lugar están enterrradas, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento allí hecho».
Además, y con el objetivo de que el listado de los desaparecidos en toda España sea lo más completo posible, Garzón se dirige a la Conferencia Episcopal para que este organismo comunique «a todas y cada una de las parroquias de España» que deben informar, a través de los libros de difuntos, de los fusilados que hubo en su territorio a partir del inicio de la Guerra Civil. A tal efecto, advierte a la Conferencia Episcopal de que las parroquias, un total de 22.827 en toda España, deberán permitir el acceso a la Policía Judicial.
Fosas comunes
Garzón también se dirige a los alcaldes de Granada (donde está enterrado el poeta Federico García Lorca-) Córdoba, Sevilla y Madrid, así como al rector de la Universidad de Granada, para que le informen sobre los nombres de las personas enterradas en las fosas comunes que hay en estas localidades, así como la fecha y circunstancias en las que se produjeron estos enterramientos masivos. En concreto, el juez se interesó por las fosas comunes existentes en el Cementerio de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud, San Rafael,-ambas en Córdoba, y San Fernando (Sevilla).
Además, Garzón solicita al Archivo General de la Administración para que emita un informe en el que «identifique el organismo que pueda dictaminar sobre el número de desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936 como consecuencia directa del denominado alzamiento nacional».
También solicita al Centro Documental de la Memoria Histórica -dependiente del ministerio de Cultura- que le remita los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. De forma complementaria, pide información sobre los fusilados al Ministerio de Defensa, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica.
Todas estas diligencias se producen en respuesta a las querellas por fusilamientos y desapariciones de la Guerra Civil y la dictadura franquista presentadas en su juzgado por varias organismos, entre ellos la Associació per la Recuperació de la Memoria Histórica de Catalunya, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón y la Confederación General del Trabajo.
Además, Garzón requiere a las partes personadas que aporten la mayor informacion de la que disponga «sobre las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desaparaciones forzadas» para que estas aperturas de fosas pueden ser «controladas» por su juzgado «tanto en su ejecución como en su resultado».
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