Una reforma del estatuto que debe servir para mejorar
Ajustándose al guión previsto y sin que ninguno de los llamamientos al consenso o al diálogo con el Partido Popular o el Partido Andalucista hayan tenido ningún eco, el Parlamento andaluz, con los únicos votos de PSOE e Izquierda Unida, aprobó la reforma de un estatuto que, con sus claros y oscuros, puede mejorar sensiblemente el actual y debe servir para propiciar que Andalucía se convierta no sólo en un referente a nivel autonómico, sino que ocupe el lugar que por méritos propios debe tener a la hora de desarrollar el futuro mapa autonómico español.
Está claro que nada es de color de rosa y, precisamente, esa falta de consenso puede ser el mayor hándicap para convencer a los andaluces de la apuesta de futuro que se ha hecho, pero también es justo reconocer que tanto el PP –demasiado apegado a su lucha nacional de acusar a todo el mundo de querer romper la unidad de España como único argumento electoral– como el PA –afincado en jugar el papel del nacionalismo más radical para lograr un espacio propio que ha ido perdiendo por su propia gestión– se han aferrado a unas posturas que no parecen querer incidir en el texto del nuevo estatuto, sino sólo en una filosofía más populista, que llegue más al ciudadano, y que evite que se pueda analizar el contenido del mismo con la profundidad que sería necesario.
Por eso, tras el visto bueno de la Cámara andaluza e incluso antes de que se inicie el nuevo debate en el Parlamento español, sería deseable acercar, con seriedad y sin maniqueísmo y de la mano de todos los partidos, esta propuesta a la gente de la calle para que vea en qué aspectos se ha acertado plenamente, en cuáles se han quedado cortos y dónde se podría haber sido más ambicioso. El debate no debe ser sólo si Andalucía es una realidad nacional, una nacionalidad histórica o una región –aunque tampoco está mal que se haga–, sino analizar cómo se recogen unos derechos sociales en una ley orgánica, como se ha hecho con la reforma; que se discuta si ha existido o no un olvido de los ayuntamientos; o si habido o no tibieza en materia medioambiental; y un largo etcétera de cuestiones que se tratan en esta iniciativa, porque ese debate, y su resultado, es lo que va a hacer mejor a Andalucía.
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Una decisión controvertida
La Autoridad Portuaria ha anunciado su intención de posponer, sine die, el proyecto de tráfico ro-ro en la dársena portuense, una iniciativa que conllevaba la ampliación del muelle y la llegada de nuevas empresas, sobre todo procedente del norte de África, que vendrían a darle un impulso a la floja actividad pesquera que se desarrolla en la localidad. Desde hace más de seis años se estudiaba esta propuesta, e inclusive la Autoridad Portuaria encargó un estudio a la Universidad de Granada para ver si realmente resultaba viable. Su dictamen es claro, lo es, pero ahora Puertos se encuentra con otro problema o al menos eso es lo que aduce el responsable Rafael Barra, que no sería rentable y en estos momentos, que es lo fundamental, no hay empresas interesadas en esta inversión. Aún así, desde la UGT se ha visto la idea con una mayor preocupación, no sólo por el aplazamiento de este proyecto, sino por que la ampliación del puerto gaditano, anunciado la semana pasada, podría poner en peligro otras iniciativas similares en el muelle portuense. La inversión de Puertos hasta la fecha ha sido significativa, pero es cierto que su plan estratégico era más ambicioso que la construcción de una lonja que, para colmo, suma más de un año inutilizada.
