Cada ciudad tiene su propio vía crucis. En el caso de Granada, se trata de un camino sinuoso e inquietante: el que va desde la calle de la Duquesa hacia los alrededores de Alfacar. Fue allí donde se produjo, el 18 de agosto de 1936, el martirio del poeta Federico García Lorca junto a tres hombres más: el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros anarquistas Joaquín Arcollas Cabezas y Francisco Galadí.
Entre la sede del Gobierno Civil, de donde Lorca partió en coche sin saber adónde, y la fosa en que acabaron los cuatro, despojados de su vida y su dignidad, las estrechas curvas siguen sorteando todos los misterios de aquellas muertes. Pero desde que el juez Baltasar Garzón iniciara a principios de septiembre en la Audiencia Nacional un proceso tan ambicioso judicialmente como controvertido, la historia de ese asesinato puede quedar aclarada con la exhumación de todos los restos.
Todo está ya preparado para actuar. Un equipo de la Universidad de Granada, organizado en colaboración con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de la ciudad, espera simplemente una orden. Está compuesto de arqueólogos, expertos en geofísica, antropología física o en ADN, y dispuesto para recibir una llamada del juez. Será un trabajo corto: dos meses desde su inicio.
Si se comparan con los 72 años que han pasado desde el asesinato, se quedan en nada. Todo dio un giro hace apenas 10 días. Los familiares de Dióscoro Galindo y Francisco Galadí presentaron el viernes 12 una petición para recuperar los cadáveres de sus familiares. El mayor obstáculo hasta el momento había sido el deseo de la familia de García Lorca de no remover el lugar.
Hoy existe tecnología más que fiable para saber dónde se encuentran las fosas. Con unos georradares bastaría ver en cuál de los dos sitios se ha removido terreno. Por eso todo está más que preparado. Y los impulsores de la acción, listos para actuar. De ordenar el juez Garzón la exhumación, la asociación tiene perfilado su plan de acción junto a la Universidad de Granada para llevarlo a cabo con todas las garantías científicas.
Por un lado, la excavación la haría un equipo de arqueólogos dependiente del departamento de prehistoria y coordinado por Francisco Carrión. Los georradares con los que se exploraría el lugar dependen del Instituto de Geofísica de la universidad. El análisis de los restos correría a cargo del Instituto de Antropología Física que lleva Miguel Botella, un experimentado investigador que ha realizado trabajos con las víctimas de Ciudad Juárez, en México, o con desaparecidos en la dictadura chilena de Pinochet.
La operación duraría, según Botella, dos meses. Los pasos están claros: ‘Identificar las fosas, excavar y estudiar los restos in situ, sin sacar de allí, para identificarlos’, comenta el científico. Después se trasladarían a la universidad para un análisis minucioso que después se presentaría a cinco expertos internacionales. Cada familia utilizaría los restos después como estimara oportuno.
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