¿Apoya que el Gobierno intervenga si hay algún banco en apuros? SI
Llegado a este caso extremo y, aunque es bastante improbable que suceda en el sistema bancario español, estaría a favor de la intervención. En todo caso, es preciso contextualizar el caso español. Nuestro sistema financiero es fundamentalmente minorista y los dos pilares de la red de seguridad bancaria -la solvencia y el Fondo de Garantía de Depósitos- son de los más sólidos del mundo. Tampoco se trata de un debate nuevo sin experiencias pasadas. La intervención de Banesto en 1993 no estuvo exenta de controversias y, sin embargo, casi nadie pondría en duda hoy su necesidad y su procedencia. Mi opinión se fundamenta en una comparación simple entre las pérdidas netas de bienestar social si fuera preciso intervenir y las que se producirían si no se hiciera. En la situación actual, dejar caer a una entidad bancaria podría propiciar una exacerbación no necesariamente justificada de la confianza en el sector bancario y restricciones aún más severas en la actividad crediticia. Por el contrario, si fuera preciso actuar, aun cuando supondría una intervención pública y seguramente tendría costes para el contribuyente, podría evitarse un pánico bancario y una crisis sistémica.
Debemos recordar, asimismo, que los designios de la política monetaria y los tipos de cambio ya no son una potestad nacional. Las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo están ayudando a sobrellevar momentos de especial dificultad en cuanto a las tensiones financieras en toda Europa pero también hemos visto como bancos bien capitalizados en el Reino Unido han tenido que ser «reconducidos», permitiendo su fusión con otra entidad, incluso aunque esto haya supuesto un importante aumento de la concentración en el mercado hipotecario británico.
Por supuesto, sería necesario examinar los términos de la intervención. En todo caso -y, repito, siendo improbable- se trataría de evitar un estrangulamiento de liquidez y la intervención que se produjera -facilidad crediticia, fusión o la que fuera más adecuada- debería tener un rasgo común en todos los casos: ser rápida y contundente. En los mercados internacionales y, en particular en Estados Unidos, la situación es de dificultad extrema y dejar caer a algunas entidades podría haber conllevado un colapso financiero global. En el caso de Lehman Brothers, al parecer, no se pudo ni tan siquiera arbitrar ningún tipo de intervención, lo que ha despertado críticas respecto a cuál es el criterio para actuar. Estar a favor de una intervención en las presentes circunstancias equivale simplemente a asumir que el modelo actual que rige los mercados interbancarios internacionales está mal articulado y precisa de una nueva regulación y buenas dosis de confianza. Ante un sistema fallido, plantearse si una intervención genera los incentivos correctos está de más. Si la arquitectura financiera falla, el sistema de incentivos pasa a un segundo plano. Esto quiere decir -y así sería deseable- que cuando se retorne a la deseada normalidad y se arbitren las medidas de prevención oportunas, éstas deben evitar el excesivo riesgo moral de modo que ninguna entidad piense que la red de seguridad es infinita y que puede asumir cualquier riesgo porque «será rescatada» pero ahora mismo esas no son las circunstancias que vivimos.
Santiago Carbó Valverde es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y consultor de la Reserva Federal de Chicago.
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