La ordenanza municipal de convivencia que pretendía combatir la mendicidad, los graffitis o el ‘botellón’ cumple un año. En este tiempo, el Ayuntamiento ha impuesto 3.322 denuncias, 508 relacionadas con la prostitución.
La norma, que ha servido como inspiración a la de otras capitales como Málaga, está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Pese a los datos, el Consistorio se plantea su primera modificación.
La medida más llamativa, que fue aprobada en octubre de 2009, fue la de las multas al ofrecimiento, demanda o práctica sexual en la vía pública, que puede alcanzar hasta los 3.000 euros de sanción, aunque ahora se estudia que en el caso de las prostitutas se conmute por servicios comunitarios. Sin embargo, iba acompañada de toda una serie de normas sobre el uso del espacio público que hicieron que el Grupo de Juristas 17 de marzo la recurriese por violar, supuestamente, «principios y garantías constitucionales», como el derecho de reunión o manifestación.
Consecuencias
Una de los principales efectos secundarios de esta norma es el auge de esta práctica a locales y a pisos de proxenetas. El profesor Francisco Jiménez Bautista, que enseña Antropología Social en la Universidad de Granada y está especializado en el estudio de la prostitución, explica que «en realidad, no han salido de Granada. Algunas se han movido los famosos 200 metros, hasta meterse en los municipios de Pulianas o Maracena, pero la mayoría se han trasladado a los clubs de alterne o han alquilado pisos que les gestiona el proxeneta», asegura.
«El resultado es que, curiosamente, han subido los precios, y los cuatro o cinco prostíbulos grandes que hay en la ciudad manejan unas 500 mujeres diarias», explica.
El mismo grupo de juristas ahora alega contra las medidas similares que se están incorporando a la ordenanza hermana de Málaga, para la que el concejal de Seguridad Ciudadana de Granada, Eduardo del Moral e impulsor de la «convivencia», fue consultado. Los opositores al texto lo comparan con la Ley de vagos y maleantes mientras el Ayuntamiento utiliza el contraste para explicar lo que la ordenanza no puede hacer, por ejemplo «retirar a un grupo de sin techo de un parque porque hacen ruido. Se los puede multar, pero, ¿de qué sirve?».
La Asociación de Vecinos Albayda, que aglutinaba a los de la carretera de Jaén, lugar habitual para las meretrices callejeras, valora «muy positivamente» el año de aplicación, ya que han desaparecido las situaciones que denunciaban entonces, como bajar a tirar la basura y encontrarse a una profesional «ejerciendo» o escuchar las transacciones de turno bajo sus ventanas. La presidente de la asociación, Carmen Lorenzo, explica que «en realidad, se han trasladado unos 200 metros, pero por lo menos ahora la policía no pasa de largo. Eso sí, las obras del metro también han ayudado a cambiarlas de sitio».
El otro fenómeno que acompaña es «el cambio de horario. La prostituta callejera ahora atiende a las cuatro de la tarde. El cliente, que suele ser un hombre casado, se busca un horario menos sospechoso y en el que sepa que no va a haber mucha vigilancia policial. La demanda se ajusta a las prohibiciones».
Este fenómeno lo constatan en el Ayuntamiento. Del Moral, impulsor de la ordenanza advierte que «tiene poco sentido intentar cobrarles a las prostitutas. La mayoría de las multas que se pagan voluntariamente son de clientes, hombres casados que no quieren que llegue la notificación a casa».
Voces discordancias
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) considera que de «convivencia» ha habido «poco o nada» y que se ha precarizado la situación de los colectivos más vulnerables. «El texto anunciaba que se iba a reinvertir el dinero de las multas en programas sociales, y de eso no hemos visto nada», denuncia la portavoz, Natalia Rodríguez.
«Además, los indigentes se han quedado en muchos casos sin sus únicas fuentes de ingresos, como era la música o la venta ambulante, y a las prostitutas no se les ofrecen alternativas», afirma Rodríguez.
El Ayuntamiento señala que aún se están ejecutando «las multas de mayo» y que los colectivos multados en esos casos son los que más difícilmente van a pagarlas. «Actuamos a denuncia de los vecinos, por ejemplo en el caso de los ‘gorrillas’ o por denuncias de ruido, no arbitrariamente», explica el concejal.
En cuanto a los programas sociales, de momento ya hay una campaña de concienciación sobre la explotación sexual en autobuses, marquesinas y otras dependencias municipales. También se consulta la legalidad de que el Consistorio pueda ofrecer los servicios comunitarios como alternativa a la multa «aunque no está claro si es posible, normalmente debe decretarlo un juez».
Abusos de autoridad
La principal queja de los juristas se refiere a la «indefensión» en que el texto deja al ciudadano, al dejar qué es punible a la interpretación del agente de la policía local que actúe en cada caso. En el año se contabilizan varios casos de incidentes en que la multa se convierte en denuncia por atentado a la autoridad ante la negativa del multado a dar sus datos, como en el caso del joven sancionado por beber una coca-cola en la vía pública.
«Hay que aplicar el sentido común», pide José Manuel Fernández, portavoz de la Policía Local. «No son casos penales, no es necesario un juez. Entiendo que estas quejas llegan desde gente que no confía en el criterio de un municipal, pero, ¿a quién llamas para controlar el tráfico si hay un atasco? Son problemas de la vía pública, que es lo que controla el Ayuntamiento, y el agente informa, pide los datos y, en última instancia, multa. Otra cosa es que se le resistan o le agredan, entonces, ¿qué tiene qué hacer?».
