– El 93% de los andaluces gana menos de los 3.100 euros que exige Chaves.
¿Cuántos andaluces podrán acogerse a la nueva Ley del Derecho a la Vivienda que prepara Manuel Chaves? ¿Cuánto costará ponerla en marcha? ¿Por qué el Ministerio de la Vivienda no ha intervenido en la elaboración del anteproyecto de ley? Preguntas que precisan respuesta. La medida de Chaves tiene flecos pendientes.
La Secretaría de Política Económica y Empleo del PP ha elaborado un informe en el que esclarece algunas de esas cuestiones. Primero, el 93% de los ciudadanos empadronados, o lo que es lo mismo, la mayoría de la población que reside en Andalucía, podrá acogerse a la nueva ley, ya que es ese porcentaje de personas el que tiene unos ingresos inferiores a 3.100 euros (límite para acceder a una casa en propiedad pagando al mes un 33% de su renta mensual).
Segundo, la demanda anual de viviendas en Andalucía supera casi las 50.000 anuales, según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares. Esto significa que en los próximos 10 años la demanda será de, al menos, 500.000 viviendas, a la que se sumarán la de las familias que quieran pasar de un régimen de alquiler a uno de compra y beneficiarse así también de las subvenciones que ofrece la Junta.
Esto se traduce en una cifra sin precisar de demanda de viviendas, que puede, incluso, superar el paquete de 700.000 casas que el Gobierno andaluz ha fijado para construir en los próximos 10 años (300.000 de protección oficial). Los municipios serían los encargados de proporcionar, por tanto, una parte del suelo.
Tercero, la hipoteca media de los andaluces asciende a 778,55 euros, procedentes de un salario medio de 1.434 euros al mes, según los datos que baraja el PP. La tercera parte de la renta es, por tanto, 478 euros. Esto significa que la financiación media por deudor alcanzaría los 300 euros al mes. La Junta tendría que subvencionar hasta 167,7 millones de euros en el primer año de vigencia de la ley.
El PP cuantifica con esta cantidad el coste presupuestario de la medida y la deuda que asumiría el Gobierno andaluz en un año. Tres años después, el coste alcanzaría los 670 millones y la deuda ya sería de 1.700 millones. Tras 27 años pagando una hipoteca, la deuda superaría los 63.000 millones de euros.
Y cuarto, ha sido la Generalitat de Cataluña, junto con la Universidad de Granada y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, la que ha colaborado con la Junta para elaborar el anteproyecto. El Ministerio de Vivienda quedó al margen.
