Según el último estudio realizado por el Ministerio de Igualdad, el 18 por ciento de la población activa se reconoce en el último año víctima de una situación de acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo. Sólo el 10 por ciento se atreve a denunciar a la empresa y de ese porcentaje, menos del 3 por ciento acude a los tribunales de justicia. El acoso a las mujeres en el trabajo como una forma de violencia de género es el tema central de unas jornadas que se celebran en la Facultad de Derecho de Granada, organizadas por la Junta de Andalucía.
Este encuentro cuenta con conferencias y mesas redondas en las que se analiza un estudio que elabora la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social sobre el acoso a las mujeres en el trabajo como otra forma de violencia de género, a partir de una investigación realizada por la Universidad de Granada con la colaboración de los sindicatos CCOO y UGT.
En la comunidad andaluza en el último año se han realizado más de 2.000 consultas a la asesoría jurídica que prestan estos sindicatos CCOO y UGT a través del Instituto Andaluz de la Mujer y se han constatado más de 60 casos relacionados con acoso sexual en el trabajo. «Hay normativas e instrumentos jurídicos pero falta conciencia de que existen unos derechos y hay formas de defenderlos», matizó la responsable del Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de Granada, Ana Rubio, durante la presentación del estudio.
“Existen diferencias importantes en la Administración General del Estado, que debería de dar ejemplo y en cambio el acoso sexual y por razón de sexo aparece oculto. Una realidad que corrobora el hecho de que sólo haya una sentencia por acoso sexual en el trabajo entre 2008 y 2010. No es que no haya, es que permanece oculto», aseguró la experta.
Por su parte, la consejera de Igualdad de la Junta, Micaela Navarro, durante la inauguración denunció las «dificultades que tienen las mujeres en estos casos ya que no siempre encuentran el cauce para denunciarlo, por lo que agradezco el trabajo de los sindicatos con su labor de asesoría». Además, la consejera de Igualdad reconoció que «los empleos de las mujeres son más frágiles y precarios y es más difícil denunciar porque también es más difícil definir estas situaciones. Por eso es importante este estudio, que hace un repaso de la normativa para ver si ha sido efectiva y qué hay que cambiar».
Y es que todavía, a pesar de la existencia de normas e instrumentos jurídicos para defender a la persona trabajadora, el acoso sexual o por razones de sexo queda finalmente impune en muchos casos.
Este encuentro cuenta con conferencias y mesas redondas en las que se analiza un estudio que elabora la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social sobre el acoso a las mujeres en el trabajo como otra forma de violencia de género, a partir de una investigación realizada por la Universidad de Granada con la colaboración de los sindicatos CCOO y UGT.
En la comunidad andaluza en el último año se han realizado más de 2.000 consultas a la asesoría jurídica que prestan estos sindicatos CCOO y UGT a través del Instituto Andaluz de la Mujer y se han constatado más de 60 casos relacionados con acoso sexual en el trabajo. «Hay normativas e instrumentos jurídicos pero falta conciencia de que existen unos derechos y hay formas de defenderlos», matizó la responsable del Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de Granada, Ana Rubio, durante la presentación del estudio.
“Existen diferencias importantes en la Administración General del Estado, que debería de dar ejemplo y en cambio el acoso sexual y por razón de sexo aparece oculto. Una realidad que corrobora el hecho de que sólo haya una sentencia por acoso sexual en el trabajo entre 2008 y 2010. No es que no haya, es que permanece oculto», aseguró la experta.
Por su parte, la consejera de Igualdad de la Junta, Micaela Navarro, durante la inauguración denunció las «dificultades que tienen las mujeres en estos casos ya que no siempre encuentran el cauce para denunciarlo, por lo que agradezco el trabajo de los sindicatos con su labor de asesoría». Además, la consejera de Igualdad reconoció que «los empleos de las mujeres son más frágiles y precarios y es más difícil denunciar porque también es más difícil definir estas situaciones. Por eso es importante este estudio, que hace un repaso de la normativa para ver si ha sido efectiva y qué hay que cambiar».
Y es que todavía, a pesar de la existencia de normas e instrumentos jurídicos para defender a la persona trabajadora, el acoso sexual o por razones de sexo queda finalmente impune en muchos casos.
