“Los transfronterizos se ven afectados por la falta de acuerdos bilaterales”
José Aureliano Martín Segura, abogado y economista, profesor asociado de Economía de la Empresa en la Universidad de Granada, presentó su estudio ‘Desigualdades sociales de los trabajadores transfronterizos: el caso español’ en el 136º Congreso anual sobre Salud Pública Sin Fronteras’, organizado por la American Public Health Association, APHA, celebrada en San Diego, California, del 25 al 29 de octubre. –¿Qué plantea en su estudio? –Ceuta, como todas las zonas fronterizas, tiene sus peculiaridades, pero la situación que encontramos no es la misma que se da entre la frontera de España con Francia o Portugal, ya que las poblaciones ubicadas en zonas fronterizas suelen disponer de convenios en diversas materias. Cuando quieres llegar a un acuerdo con otro país, en nuestro caso Marruecos, hay que recurrir a los convenios internacionales. Sin embargo, se trata de un instrumento muy pesado y lento, sometido a cantidad de estudios y aprobaciones y a su correspondiente publicación. El convenio internacional sirve para los grandes acuerdos pero no para una relación diaria que se produce aquí entre tetuaníes y ceutíes, ni te sirve en cualquier otro punto de la frontera de Extremadura o Galicia con Portugal o de Navarra con Francia, por ejemplo.
–¿Cuáles son esos instrumentos de regulación de las relaciones?
–La medida es llegar a acuerdos con Marruecos en base a dos instrumentos: la Convenión Europea de 1990 sobre acuedos transfronterizos y, como consecuencia de ésta, el Acuerdo de Bayona de 1995, que la desarrolla. Son mecanismos del Derecho Internacional que persiguen un acuerdo a nivel estatal y, a partir de ahí, se fija en qué materias se puede colaborar. De este modo, las autoridades locales de las zonas limítrofes ya pueden seguir firmando acuerdos sin necesidad de volver a los ministerios.
–Aquí es donde aparece la figura del trabajador transfronterizo.
–Dentro de la legalidad del mercado laboral, una persona extranjera no tiene la misma condición que una nacional. La persona que trabaja y reside en la ciudad tiene los mismos derechos. Sin embargo, el marroquí que trabaja en Ceuta pero vuelve cada noche al país vecino porque no es residente y no puede hacer una declaración de la renta normal con derecho a devolución, como hace el resto de empleados, por ejemplo. En la zonas fronterizas se regula para darle el mismo tratamiento a esos trabajadores de un lado y otro, para así facilitar el intercambio comercial, cultural además del desarrollo de ambas zonas.
–Además Marruecos no pertenece a la Unión Europea (UE).
–No es de la UE y existe un factor añadido: Marruecos no reconoce la españolidad de Ceuta, lo que conlleva que a esos trabajadores marroquíes no se les pueda normalizar su situación ni se les pueda considerar como residentes en Ceuta como se hace en otras zonas fronterizas debido a la ausencia de acuerdos o convenios.
–¿Por qué no existe ese acuerdo?
–Marruecos no quiere que exista o las autoridades españolas no se han puesto a plantearlo con ellos. Ceuta es una de las ciudades con mayor índice de paro a nivel nacional; por otro lado tenemos un trasiego en la frontera de 20.000 personas diarias que vienen a comprar y a desarrollar otra serie de labores, así como una serie de personas que vienen aquí a trabajar, unos legalizados y otros no. Los primeros están registrados, los que vienen a diario y que teóricamente se tendrían que volver a Marruecos están dados de alta. Esos trabajadores tienen una situación legal pero tiene un problema porque, a la hora de responden ante Hacienda, ellos pagan un 25 por ciento, lo mismo con la Seguridad Social pero no tienen los mismos derechos que quienes residen en Ceuta en relación a la asistencia sanitaria o la escolarización de los niños. Estas personas se ven perjudicadas ante esa falta de acuerdo.
–¿Qué provoca esta situación?
–Según datos de los sindicatos y extraoficiales, porque esas cifras no están registradas, tenemos constancia de que si hay 2 ó 3.000 trabajadores transfronterizos legalizados, ese mismo número o quizás más serían gente que está aquí trabajando sin estar dados de alta. En cualquier bar y obra hay marroquíes trabajando en esta situación. Eso lo sabe la inspección de trabajo y todo el mundo. Quizás, esas situaciones pueden deberse a que la gente quiera defraudar al Estado, aparte de por la avaricia de algunos malos empresarios. Hablamos de 6.000 personas en una población activa de 15 a 16.000, un porcentaje muy alto, en una población de 70.000 personas y con un 25% de paro. Es una situación de ‘dumping’ social, como se le califica.
–¿Qué proponen?
–Es necesario un acuerdo internacional. No podemos evitar que Marruecos siga reivindicando Ceuta como ciudad marroquí, ni el país vecino evitará que digamos que esto es una ciudad española desde hace 500 años y porque los que vivimos aquí creemos y sentimos que es de España. Pues si no se puede evitar, a pesar de eso y dejando a parte esas reivindincaciones, es posible llegar a un acuerdo para que las zonas fronterizas y los trabajadores dejando de un lado las reivindicaciones diplomáticas para que se puedan arreglar situaciones concretas.
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