Sociedad
Vilaplana advierte de que nadie puede tomar la iniciativa de quitar la vida a otro ser humano
El actual obispo de Huelva cree que la petición de eutanasia de Inmaculada Echevarría es «una clara llamada» Quien le ayude a morir no iría a la cárcel, según un experto jurista
AGENCIAS/SANTANDER
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HABLA LA MINISTRA
La ministra de Sanidad, Elena Salgado, recordó ayer en Madrid que la eutanasia no está legalizada hoy en España y que las autoridades tienen que cumplir las leyes y exigir su cumplimiento. Añadió que con independencia de la situaciones personales, que siempre hay que entenderlas, desde el punto de vista institucional ni un ministerio ni las CC AA pueden acceder a algo que no está legalizado por ley.
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El que fuera máximo responsable de la Diócesis de Santander y actual obispo de Huelva, José Vilaplana, señaló ayer que «nadie puede tomar la iniciativa de quitar la vida a otro ser humano, porque no somos dueños de la vida de nadie», y aseguró sentirse completamente identificado con la postura de la Iglesia con respecto al tema de la eutanasia.
En rueda de prensa y preguntado por el caso de Inmaculada Echevarría, la mujer granadina de 51 años que sufre distrofia muscular progresiva, lo que la obliga a estar postrada en una cama, por lo que ha pedido que se le aplique la eutanasia, Vilaplana insistió en que «tomar una decisión sobre la vida de una persona no nos corresponde y es muy peligroso con la sociedad».
El obispo destacó el hecho de que Echevarría esgrimiera entre sus motivos el «sentirse sola», e indicó que «cuando una persona pide salir de este mundo, hemos de reflexionar sobre si hemos sido capaces de acogerla, rodearla de cariño y de hacerla sentir útil». En su opinión, ante las personas que sufren «hay que gastar todas las energías» y aseveró que el que esta mujer dijera que se siente sola «es una clara llamada para todos».
Delito penal
El profesor de Derecho de la Universidad de Granada y coautor del libro Eutanasia y Suicidio: cuestiones dogmáticas y de política criminal, Jesús Barquín, señaló ayer que existe «suficiente base» legal para que si alguien ayudara a morir a personas como Inmaculada Echevarría quedara «impune» penalmente.
Barquín manifestó que con el Código Penal actual se podrían castigar «de manera atenuada» aquellos casos en los que se ayuda a morir a alguien que lo pide de forma «precisa, seria, expresa y sin dudar», y que además se encontrara en una situación de grave sufrimiento o tuviera una enfermedad que le provocara graves padecimientos. En este sentido, el caso de Inmaculada encajaría en el referido supuesto aunque, no obstante, en nuestra jurisprudencia no existen precedentes similares.
Aclaró que si esta mujer fuera ayudada a morir mediante el suministro de alguna sustancia que le provocara un fallecimiento no doloroso, la persona que colaborara con ella sería objeto de un procedimiento penal pero «quedaría absuelta o en el peor de los casos sería condenada a una pena simbólica». Dichas penas, de acuerdo con el Código Penal, oscilarían entre los seis meses y los dos años de prisión que, previsiblemente, la persona implicada no tendría que llegar a cumplir.
Se refirió al caso del tetrapléjico gallego Ramón Sampedro y consideró que entonces había «base suficiente y bastante sólida» para haber obtenido sentencia absolutoria para Ramona Maneiro, que participó en su envenenamiento, si ésta hubiera sido juzgada «basándose en el estado de necesidad» del enfermo. «Estoy convencido de que una buena defensa habría ganado el caso», dijo este experto que insistió en que hay «base suficiente para justificarlo» ya que, aunque el Código Penal persigue a quien pone medios para que alguien muera, «no contempla» el supuesto de que el sujeto no pueda «valerse por si mismo».
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