LORENZO MORILLAS, CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
«Hay que utilizar con mayor intensidad la demolición de las viviendas ilegales»
El experto insta a los partidos políticos a atajar la corrupción urbanística y aboga por no legalizar los edificios irregulares
JON FERNÁNDEZ/BARAKALDO
«Hay que utilizar con mayor intensidad la demolición de las viviendas ilegales»
CONFERENCIA. Morillas, en un parque de Barakaldo. / J. ALEMANY
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EL PERFIL
Nombre: Lorenzo Morillas Cueva.
Profesión: Profesor de Derecho y experto en urbanismo.
Currículum: Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada desde 1986, fue rector entre 1992 y 2000. Está doctorado cum laude por este centro y es doctor honoris causa por tres universidades de Rusia, Argentina y México.
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Barakaldo se ha convertido en la capital del urbanismo. Desde el lunes, la segunda urbe vizcaína acoge el foro Ciudad siglo XXI. Expertos de todo el país se dan cita en el centro cultural Clara Campoamor durante tres días. Ayer, las jornadas tuvieron como protagonista a Lorenzo Morillas. El experto analizó los delitos ecológicos y urbanísticos. Aplicar estrictamente la ley es su consigna para atajar esta extendida lacra en España.
-¿Son compatibles el urbanismo y el medio ambiente?
-Tiene que haber una intensa conexión de ambas materias. En las leyes, hay una unidad de criterios entre lo que debe ser un urbanismo aceptable y la defensa del medio ambiente. Se debería seguir ese criterio, pero por desgracia se ha quedado en una cuestión puramente formal. No siempre van de la mano.
-Se están destapando múltiples ilegalidades en este aspecto. ¿Está el problema en los ayuntamientos?
-Se nota más en los ayuntamientos porque se ve más. En cualquier caso, erradicar esta práctica es un reto muy importante pensando en las generaciones que vienen. Lo sencillo es urbanizar y construir sin respeto al medio ambiente.
-Como en Marbella…
-Y otros muchos lugares. Se dan casos de políticos irrespetuosos con el entorno, incluso de grupos que se presentan como firmes defensores del medio ambiente. Hay que mandar un mensaje a todos los partidos políticos para que se comprometan con esta materia.
«Situación preocupante»
-¿Es España el paraíso de la corrupción urbanística?
-No sabría decirlo. Aunque la situación es sumamente preocupante por lo que está saliendo a la luz. Son casos que se escapan ya del derecho urbanístico y entran en causas tipificadas en el código penal.
-¿Están preparados los jueces para atajar estos delitos urbanísticos y ecológicos?
-Son delitos de difícil aplicación, porque se remiten a muchas normas que no son penales. Pero en esto soy optimista. Cada vez hay una mayor preparación en este tema, sobre todo en la Fiscalía.
-En todo caso, no es fácil detectar estas irregularidades.
-Creo que se pueden detectar con bastante facilidad, siempre que haya mecanismos activos y comprometidos. No voy a citar casos concretos, pero los que ahora están de mayor proyección mediática son casos que se sabían. Hasta el más torpe de los jueces lo veía.
-¿Por qué no se ha actuado antes?
-No lo sé muy bien. Seguramente será un cúmulo de circunstancias.
-En Cantabria, varias sentencias de derribo penden sobre distintas urbanizaciones. ¿Derruir es la solución?
-Llegado el caso, la demolición debe hacerse efectiva. Si se construyen 1.000 viviendas ilegales y se tiene la certeza de que al final tendrán que legalizarse, la eficacia de las normas va a ser mínima. Comprendiendo evidentemente la situación de las familias afectadas, todos debemos acatar la ley. Hay que utilizar con mayor intensidad la demolición de las viviendas ilegales.
-Las familias acaban pagando el pato de forma injusta…
-Ahí están los mecanismos indemnizatorios correspondientes. Y si el constructor se declara insolvente, se deben buscar fórmulas para indemnizar por los daños.
-¿Qué recomendaría a la población para evitar este tipo de problemas?
-Que antes de comprar, se ilustren sobre lo que van a adquirir. Por ejemplo, pueden hacer una visita al registro de la propiedad, hacer una valoración de dónde están los terrenos o visitar el Ayuntamiento. Una vez comprado, se debe buscar la forma de implicar al promotor en un delito urbanístico.
