El Tribunal de Cuentas abre diligencias a las universidades por las jubilaciones

La Conferencia de Rectores convoca de urgencia a todos sus miembros para tratar la tensa situación creada por la investigación
En un principio daba la impresión de que se trataba de un tirón de orejas institucional, pero desde que en abril pasado el Tribunal de Cuentas remitiera al Congreso de los Diputados un informe en el que desvelaba la irregularidad de los planes de jubilación de 33 universidades públicas españolas, la tensión no ha hecho otra cosa que crecer. Tras su argumentación legal, el Tribunal de Cuentas trasladó el expediente de su departamento de Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas a la Sección de Enjuiciamiento y procedió a nombrar un juez instructor. De esa forma dio comienzo a las diligencias preliminares para investigar la legalidad de las actuaciones universitarias.
«En el momento en que el Tribunal de Cuentas lo requiera, le remitiremos toda la documentación», afirma el vicerrector de Planificación Económica, Convenios y Contratos, quien recordó que «la operación se negoció entre la Universidad y los sindicatos con el visto bueno del Principado, el respaldo del Consejo de Gobierno, la resolución se publicó en el BOPA y figura en los presupuestos de la Universidad». Santiago Álvarez reconoció, no obstante, que la Universidad de Oviedo ya ha recibido la notificación del instructor, si bien no la petición documental.
Tras cuatro años de vigencia del plan de jubilaciones -uno del mandato de Juan Vázquez y tres de Vicente Gotor- y 176 profesores adheridos, la Universidad de Oviedo paralizó el proceso para 2012.
Pero no ha sido así en otras universidades, como las andaluzas, a las que el Tribunal de Cuentas les ha hecho saber, a través de la Junta de Andalucía, que deben suspender la vigencia de los planes. Hasta ayer mismo la Universidad de Granada no atendió su recomendación.
Con todo este proceso, que se está enredando progresivamente, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas ha convocado con carácter de urgencia una reunión mañana, en Madrid, para abordar el acoso de que se sienten objeto las universidades tanto en el tema de las jubilaciones, por parte del Tribunal de Cuentas, como por la impugnación de plazas de profesorado convocadas por parte de los abogados del Estado. En los ámbitos universitarios existe la creencia de que las actuaciones de los últimos meses derivan del plantón de los rectores al ministro José Ignacio Wert.
Pago indebido
Si la situación se sigue enrocando, podría darse la situación de que el Tribunal de Cuentas determine que hubo pago indebido y las universidades se vean en el conflicto de desandar lo andado en dinero y en plazas. La Universidad de Oviedo no contempla «la posibilidad de tener ningún problema» por la devolución de pensiones que el informe del TC califica «de oro» y cuya legalidad cuestiona.
Entiende que los acuerdos están sustentados en la modificada Ley Orgánica de Universidades, que atribuye al Gobierno, las comunidades autónomas y las universidades la posibilidad de establecer acuerdos de jubilación anticipada una vez cumplidos los 60 años, pero siempre en el marco del estudio que el Gobierno envíe al Congreso de los Diputados, y del Estatuto del Personal Docente e Investigador.
«Ni el Gobierno ha referido al Congreso el estudio ni el Estatuto del Personal Docente e Investigador ha sido aprobado. Fallando esas dos premisas, resulta difícil entender la razón que lleva a las universidades a motivar en esa disposición los incentivos a las jubilaciones anticipadas», expone el Tribunal de Cuentas.
El proceso está en marcha.
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