El Parlamento baraja corregir el reconocimiento a Infante
Los grupos se dan 24 horas más para intentar evitar la inexactitud histórica de reconocer el título de presidente de honor de la autonomía
josé ángel garcía
cautelas. Antonio Romero (izqda.) y Manuel Gracia, en el Parlamento.
J. CHAPARRO / A. GRIMALDI
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Sevilla. La voz de alerta lanzada el pasado viernes por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Agustín Ruiz Robledo sobre la inexactitud histórica de que Blas Infante fuese propuesto en julio de 1936 como presidente de honor de la futura autonomía andaluza ha llevado al Parlamento de Andalucía a plantearse la modificación de la declaración institucional que los cuatro grupos políticos de la Cámara –PSOE, PP, IU y PA– pactaron el pasado 29 de octubre.
El profesor Ruiz Robledo, en un artículo publicado el último viernes en la edición andaluza de El País, advirtió que días antes del alzamiento militar que originó la Guerra Civil Blas Infante fue nombrado presidente de honor de la Comisión Ejecutiva pro Estatuto, un cargo muy distinto al que los grupos habían pactado reconocer al Padre de la Patria Andaluza.
La proposición no de ley acordada por los cuatro partidos, que iba a ser leída como declaración institucional en la sesión plenaria de hoy, prevé que el Parlamento reconozca el nombramiento de Blas Infante como presidente de honor de la futura autonomía que en 1936 habría hecho la última de las Asambleas Proautonomistas.
De esta forma, el profesor granadino, que fue asesor del ex presidente del Parlamento andaluz Javier Torres Vela durante ocho años, ha desvelado que lo único que se aprobó en aquella sesión fue que se le otorgase el título de presidente de honor de la comisión gestora que debía pilotar el complicado proceso autonómico que establecía el artículo 12 de la Constitución de 1931.
Sobre esa inexactitud fue preguntado ayer en una comparecencia ante la prensa el portavoz socialista en el Parlamento, Manuel Gracia, que evitó polemizar con un profesor universitario, aunque se mostró favorable a hacer las cosas con rigor histórico.
Gracia recordó que esa propuesta, expresada en el primero de los cuatro puntos que recoge la declaración institucional, fue planteada por el representante de Izquierda Unida, Antonio Romero, que reclamaba directamente el título de presidente de honor de la Junta de Andalucía. Gracia, según confesó ayer, se negó ante los problemas jurídicos que eso creaba porque no existe tal presidencia de honor y acordó que se reconociese el nombramiento que se le hizo en 1936.
Aunque sin establecer una relación causa-efecto directa, fuentes del Parlamento subrayaron ayer la lectura de la declaración tendrá lugar mañana y no hoy, un margen de tiempo de 24 horas que dará oportunidad de negociar una nueva redacción del texto si algún grupo plantea la revisión del mismo en la reunión de la Mesa de la Cámara que se celebra en la mañana de hoy.
Además de este nombramiento, la proposición no de ley que iba a ser leída como declaración institucional reclama también al Gobierno central que restituya la dignidad y el honor de Blas Infante y anule el proceso por el que éste fue condenado a muerte cuatro años después de ser fusilado en Sevilla en 1936.
Ruiz Robledo también cuestiona esta anulación del proceso. El constitucionalista recuerda que la iniciativa política de devolver el honor a Infante se ha hecho a remolque de una similar de los partidos catalanes para el presidente de la Generalitat Lluis Companys, pero advertía que si en el caso catalán hubo un consejo de guerra que le condenó a muerte y un posterior fusilamiento, a Blas Infante se le fusiló sin más trámites el 11 de octubre de 1936 y que el cuatro de mayo de 1940 se dictó una sentencia que le declaraba culpable de un caso de responsabilidad política grave, un fallo que le condenó a pagar una multa de dos mil pesetas. Se pide que se anule un proceso que no existe, opina Ruiz Robledo.
La iniciativa de los grupos no se limita al caso de Infante y reclama también que la recuperación de la memoria histórica se haga extensiva a todas las personas que sufrieron represión durante la Guerra Civil y los 40 años de dictadura. Además, PSOE, PP, IU y PA reconocen en esta declaración institucional el esfuerzo de todos los españoles durante la transición para la reconciliación entre los bandos, que la iniciativa fecha con la Constitución de 1978.
