– Por fin, la ley de memoria historica.
Ha finalizado estos días su complicado y enojoso trámite parlamentario la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura . En unos días su texto será publicado en las páginas del BOE y esperemos que sus efectos pronto se dejen notar para que, de una vez por todas, pueda quedar claro que lejos de reabrir viejas y cerradas heridas, de atizar el revanchismo, de hacer una reescritura de la historia a gusto de los socialistas, de alimentar el divisionismo en la sociedad, o de cualquier otro tipo de argumentaciones que, a juicio de quienes las han formulado, tan nefastas consecuencias para la sociedad española pueda traer esta ley, los importantes contenidos de su texto, por el contrario, puedan demostrar que ni se trata de romper el, tantas veces utilizado con aviesas intenciones, consenso de la transición, ni de traicionar su espíritu. Creemos que, entre otras cosas, lo que no es de menor calibre, la aprobación de la ley significa la devolución de la dignidad a quienes durante tanto tiempo han esperado que el Estado de Derecho, sólidamente asentado, acometiera uno de los más importantes déficits al que se dio de lado durante la transición democrática y, posteriormente y hasta el Gobierno de Rodríguez Zapatero , no fue considerado como una tarea importante por los que se sucedieron, ya fueran socialistas o populares.
A nuestro juicio, es por consiguiente una ley que viene a hacer justicia, necesaria y beneficiosa para el conjunto de la sociedad española. Para los historiadores se trata, igualmente, de un texto importante puesto que en sus artículos 22-25 la ley recoge un conjunto de medidas que facilitan el acceso, adquisición, protección de documentos e, incluso, la creación de un Centro Documental de la Memoria Histórica. Quienes, desde nuestra profesión, no hablamos de la citada ley solo de oídas y repitiendo argumentos que previamente han sido formulados por los sectores más recalcitrantes de la derecha política opuestos a la misma, sino que desde hace mucho tiempo venimos intentando sumergirnos en los archivos, a veces, cuando logramos vencer dificultades burocráticas, administrativas y, por qué no decirlo, políticas, lo conseguimos, debemos manifestar, si se cumplen su letra y su espíritu, nuestra enhorabuena.
Se ha argumentado, básicamente por sectores sociales y políticos opuestos a su aprobación, que se deje el tema de la memoria histórica, en general, a los historiadores, que ésta salga del ámbito del debate político, como si fuera posible desagregar la función social que las Ciencias Sociales deben cumplir en la configuración de una sociedad democrática y en el propio funcionamiento de la vida pública. Pues bien, eso mismo es lo que hemos hecho organizando un importante congreso sobre Memoria e Historia desarrollado días atrás en la Universidad de Granada y que ha contado con argumentarios tan importantes como los provenientes de la Historia comparada, los de planteamientos interdisciplinares, los procedentes de la perspectiva jurídica, de la sociológica, los de la creación literaria, así como, obviamente, los suministrados por la propia investigación histórica. Los autorizados testimonios del fiscal argentino J.C. Strassera , del magistrado Martín Pallín , de la escritora Almudena Grandes , de los historiadores Clara Lida, Julio Aróstegui, Julián Casanova, Jordi Canal, de los investigadores y reputados especialistas S. Michonneaux, Enzo Traverso , etc., y de tantos otros, han dado cobertura científica a los trabajos que a lo largo del congreso han conseguido presentar al conjunto de la sociedad andaluza dos proyectos de enorme importancia en este ámbito de la recuperación de la memoria histórica y, desde luego, vinculados con nuestra función de historiadores y con nuestra propia responsabilidad cívica: el relativo al Mapa de fosas de Andalucía, en el que desde hace varios años vienen trabajando las diversas asociaciones de recuperación de la memoria de nuestra comunidad, que ha ofrecido los primeros resultados de su investigación que debe continuar y, por otra parte, el concerniente al proyecto sobre los efectos de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 en Andalucía, investigación esta en la que estamos trabajando más de treinta profesores y estudiosos de todas las universidades de nuestra comunidad y cuyos resultados estamos seguros ayudarán a muchos reticentes a comprender la necesidad de recuperar esta memoria histórica, tan interesadamente cuestionada y denostada por algunos. Y ello porque, como tuve ocasión de plantear no hace mucho en estas mismas páginas, los historiadores, de sobra, sabemos que Historia no es Memoria, pero no desconocemos que la recuperación de la misma ayuda mucho a interpretar y conocer mejor la Historia.
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