Los expertos discrepan sobre la inconstitucionalidad de un sistema de plazos en la Ley del aborto
El presidente del Consejo de Administración de la Clínica Dator, Guillermo Sánchez Andrés, y tres catedráticos de derecho dan hoy su opinión sobre el aborto en la subcomisión del aborto. El Comité de Expertos de la iniciativa Derecho a Vivir (DAV) ha mostrado su malestar ante la comparecencia de Sánchez y han recordado al Gobierno que una ley de plazos para regular el aborto «sería inconstitucional».
Por su parte, la secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, ha expresado su «sorpresa y perplejidad» por el hecho de que Sánchez haya «dejado sin contestar la mayoría de las preguntas» que le ha dirigido el PP. El número de abortos que realizan las clínicas privadas, los beneficios económicos que reporta esta actividad, los detalles sobre el consentimiento informado, el tipo y la duración de la asistencia a las mujeres que acuden a estos centros, son algunas de las cuestiones preguntadas por el PP que no han sido contestadas, ha lamentado Moneo.
Así, Sánchez Andrés, llamado por el PSOE, acude en representación de la primera clínica acreditada en España para la práctica del aborto legal de alto y bajo riesgo. Este centro lleva desarrollando su actividad de forma ininterrumpida desde el año 1986, y frente a su sede en Madrid se concentran voluntarios de asociaciones pro vida «para ofrecer a la mujer embarazada alternativas distintas al aborto».
La iniciativa Derecho a Vivir (DAV), creada por la plataforma Hazte Oír, ha recordado al Gobierno que una ley de plazos para regular el aborto «sería inconstitucional» si el Tribunal Constitucional mantiene su doctrina al respecto.
Durante la presentación del avance de su informe jurídico sobre el aborto, el magistrado y miembro del comité de expertos de esta asociación, Carlos Pérez del Valle, explicó que la doctrina del TC «reconoce al nasciturus como un tercero», por lo que establecer un periodo temporal para abortar «estaría en contra de lo que dice su doctrina».
También acuden a la subcomisión el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Francisco Balaguer (solicitado por el Grupo Socialista), la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona Mercedes García (IU), y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid Julio Banacloche (PP).
En declaraciones al término de su comparecencia, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Francisco Balaguer, ha argumentado que «es perfectamente posible y lícito» incorporar un sistema de plazos que «establezca la libre decisión de la mujer».
«No hay objeción constitucional alguna manteniendo los supuestos actuales», ha subrayado este catedrático, convocado por el PSOE a la subcomisión.
Por contra, el catedrático de derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Banacloche, ha planteado que la «ley de plazos no sería conforme al artículo 15 de la Constitución, ya que supone la desprotección absoluta del \’nasciturus\'». No obstante, este catedrático invitado por el PP a la subcomisión, ha argumentado que la actual Ley del aborto «se está aplicando y no genera ni un ápice de inseguridad jurídica», por lo que «no es en absoluto necesario reformarla».
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