La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha formulado un requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), como paso previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo, para que revoque el deslinde del tramo de la costa de Doñana, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 2 de septiembre, y dicte uno nuevo modificando su contenido.
Según ha informado este departamento en un comunicado, la Junta se suma en el escrito a los argumentos ya empleados en las alegaciones presentadas en su momento por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para que el deslinde quede fijado «arrancando del punto del anterior deslinde en el extremo sur de Matalascañas, siguiendo el borde interno del primer cordón dunar hasta la desembocadura del Guadalquivir y remontando por el estuario continuando la línea alcanzada por la línea de la máxima pleamar equinoccial hasta el límite sur de la marisma de Doñana, que será objeto de otro deslinde en el futuro próximo».
De este modo, la Administración andaluza, que detenta las competencias sobre el Parque Nacional de Doñana desde el año 2006, considera que el deslinde planteado por el Ministerio, que comprende un tramo de costa de unos 34.730 metros desde Matalascañas, en Almonte (Huelva) hasta la desembocadura del río Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), «excede notablemente el dominio público marítimo terrestre».
Hay que tener en cuenta, que el deslinde que propone el Gobierno central no se limita a la franja litoral, sino que comprende, además, 4,8 kilómetros tierra adentro del Parque Nacional de Doñana, abarcando todo el cordón de dunas desde Matalascañas hasta la desembocadura del río Guadalquivir.
A juicio de la Junta, «científicamente queda acreditado que las dunas que han sido incluidas en el deslinde, salvo el primer cordón dunar, históricamente han sido dunas estabilizadas y deben ser consideradas hoy día dunas continentales, más que litorales, puesto que, salvo el primer tren de dunas, ya no existe influencia de dichas dunas con la ribera del mar ni recibe de la misma aporte de materiales».
De la misma manera, la Junta entiende que «no puede quedar incluido en la ribera del mar todo el sistema de navazos, matorrales, alcornocales y pinares maduros que desde hace siglos constituye una vegetación consolidada en terrenos con aprovechamientos productivos ganaderos y forestales».
En este sentido, la Administración autonómica señala la «incoherencia» que supone calificar como ribera de mar a dichos terrenos, que «están a kilómetros tierra adentro y que no tienen una función de defensa o protección respecto a la playa y su zona marítimo terrestre».
Asimismo, plantea en su escrito que, con el actual deslinde, la Administración del Estado «estaría actuando contrariamente a sus propios actos, ya que éstos no dejan lugar a dudas de que el Estado ha considerado como excluido de la ribera del mar buena parte del territorio deslindado, pues ha sido la propia Administración del Estado la que ha expropiado y adquirido numerosos terrenos que hoy pretende como de dominio público».
Finalmente, la Junta aduce que «no existen argumentos de protección ambiental que puedan aconsejar hacer valer una interpretación extensiva de lo que es la ribera del mar», pues «en todo momento se habla de terrenos que son objeto de una especial protección por razón de la normativa relativa al Parque Nacional de Doñana y al Espacio Natural de Doñana».
Con este paso, la Junta de Andalucía agota el último instrumento a su alcance antes de interponer un recurso contencioso-administrativo contra el deslinde, para lo que cuenta con un plazo de dos meses que expira a principios del próximo mes de noviembre. «DISCREPANCIAS FORMALES»
El Gobierno andaluz ha mostrado sus «discrepancias» contra el deslinde propuesto por el MARM desde el primer momento, concretamente desde que en 2007 el MARM incoara un expediente al respecto.
No obstante, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha matizado en numerosas ocasiones que este desencuentro se limita a una «cuestión de forma» y no supone la existencia de «desconfianza» entre ambas administraciones, que coinciden en la necesidad de dar la «máxima protección» al Parque de Doñana, algo que ha respaldado la propia La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.
Espinosa ha asegurado que esta iniciativa «no afecta a las competencias de la Junta sobre el Parque» y ha destacado que con esta medida se consigue una «doble protección» del espacio, que de esta forma será Parque Nacional y Domino Público Marítimo Terrestre.
Frente al rechazo del Gobierno andaluz se han posicionado a favor del Ministerio entidades científicas o diferentes colectivos ecologistas. Tal es el caso del catedrático de la Universidad de Granada (UGR) Miguel Angel Losada, científico al que la Junta y el MARM encargaron un informe sobre la idoneidad del deslinde y que respalda la propuesta del Gobierno central al establecer que debe «respetarse la integridad geomorfológica y funcional del sistema dunar del estuario y de cada una de sus partes».
Así, en dicho informe, este experto en ingeniería de puertos y costas, afirma que «el brazo arenoso de Doñana, sus riberas del lado del mar y del lado del estuario, los caños y las lagunas marales, así como los ríos y los arroyos están relacionados entre sí y forman un sistema físico inseparable».
«Un deslinde más completo»
Del mismo modo, el director de la Estación Biológica de Doñana (EBD), organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Fernando Hiraldo, se ha inclinado hacia la opción planteada por el MARM, aunque considera que el deslinde debería de ser «más completo, abarcando, además de la zona dunar, la marisma y algunas zonas de arrozal».
No obstante, ha criticado la «urgencia» con la que el Ministerio pretende hacer efectivo el deslinde, sin llegar previamente a un acuerdo con la Junta, ya que «puede dar la impresión de que el Ministerio quiere recuperar competencias sobre el Parque Nacional».
Asimismo, las organizaciones ecologistas se han posicionado de parte del MARM, pues consideran que, con esta actuación, «se refuerza la protección» del enclave natural, ya que «los nuevos usos y actividades tendrán que contar con el visto bueno de la Dirección General de Costas, más conservacionista que la Junta», entre ellos, la propuesta del Ayuntamiento de Almonte de unión terrestre entre Matalascañas y Sanlúcar a través de la playa.
No obstante, en línea con la tesis del CSIC, apuestan por laampliación de este deslinde, llegando hasta la franja del espacio incluido en la provincia de Sevilla, una zona con «importantes conflictos en el uso del suelo».
