¿Qué papel ha de desempeñar la Universidad ante una catástrofe como la de Haití ?
«La grave situación haitiana es un recordatorio de nuestras grandes responsabilidades», escribí a el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en el Washington Post el pasado 19 de enero, siete dí as después de la tragedia. Y las universidades, como un agente más de cooperación, también pueden prestar su ayuda en situaciones de emergencia y contribuir a la reconstrucción de las zonas devastadas.
El 4 de abril de 2006 la Asamblea General de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) aprobó un Protocolo de Actuación de las Universidades frente a situaciones de crisis humanitarias, entendiendo como tal la situación en la que existe una excepcional y generalizada amenaza de la vida humana, la salud o la subsistencia.
En total, el citado Protocolo incluye diez consideraciones que sirvan de reflexión a las universidades para tomar decisiones en una situación como la que vive Haití a dí a de hoy.
En primer lugar, se recomienda que la universidad disponga de un órgano competente integrado por miembros del gobierno de la universidad y representantes de todos los colectivos universitarios, que pueda ser convocado con la urgencia que requieren las situaciones de catástrofe con el fin de realizar un diagnóstico de la situación y tomar, si es necesario, decisiones de intervención.
A fin de evaluar la magnitud del suceso, las universidades habrán de recabar todo tipo de información mediante los circuitos y contactos necesarios, a ser posible con personas e instituciones vinculadas a la universidad de los territorios devastados.
Es aconsejable, asimismo, que las universidades reserven un porcentaje del presupuesto anual a la ayuda económica para poder actuar con rapidez, así como establecer los procedimientos que permitan agilizar la donación de materiales para, en el caso de catástrofe, encontrar los menos impedimentos posibles y hacer llegar lo antes posible estas ayudas.
En este mismo sentido se recomienda vehicular la ayuda a través de organizaciones que ya desarrollasen su actividad en las zonas afectadas o que puedan garantizar una intervención efectiva y rápida.
El Protocolo insta igualmente a aunar esfuerzos. Puesto que la ayuda que se pueda ofrecer desde la universidad seguramente no constituya un porcentaje significativo, es aconsejable aportar recursos y esfuerzos a acciones colectivas que puedan desarrollarse mediante la adhesión de varias universidades o con otros organismos.
«Debemos apostar por garantizar la máxima información y transparencia en la gestión y destino de los recursos», dicta el documento, por lo que se recomienda llevar a cabo campañas de difusión con las actividades emprendidas, así como organizar charlas y debates sobre las catástrofes y sus consecuencias para sensibilizar a toda la «familia universitaria».
Además de poder contribuir en la intervención sanitaria, logí stica o rehabilitación de terrenos, las universidades tienen un papel primordial en restaurar la formación académica superior de los centros de las zonas afectadas. Se puede lograr enviando materiales y facilitando la acogida de estudiantes o las estancias académicas de profesores.
También han de tener en cuenta que es conveniente contar con personal preparado que tenga conocimientos sobre el origen de la catástrofe, el derecho internacional, la logí stica, la intervención psicológica o la mediación de conflictos. Por lo que el papel de las universidades en la formación de expertos en ayuda humanitaria es, igualmente, imprescindible y deben poner en marcha por tanto programas de formación para preparar a estos profesionales.
Al igual que personal preparado, en toda situación de crisis humanitaria se precisan voluntarios para ponerse a disposición de organismos y organizaciones que actúen en las zonas afectadas. Una idea más de colaboración en la universidad puede ser disponer de una bolsa de personal cualificado voluntario entre los miembros de la comunidad universitaria, y que se faciliten licencias laborales temporales para el personal o permisos académicos para los estudiantes de espí ritu solidario que quieran cooperar.
Por último, el documento destaca asimismo que es fundamental que la CRUE se dote de una estructura para facilitar la coordinación de universidades en estas labores de ayuda.
Universidades en acción
Las últimas en sumarse a la acción para paliar los efectos del terremoto en Haití han sido las universidades públicas de Castilla y León que han querido redactar y hacer pública una Declaración con cinco consideraciones para poner de manifiesto: que Haití es el paí s más pobre del continente americano, una situación provocada «a partir del abandono en que se dejó al paí s tras su Declaración de Independencia de Francia y la abolición de la esclavitud en 1804»; que es importante que las iniciativas de cooperación internacional para el desarrollo se sostengan e incrementen en el futuro inmediato para paliar las consecuencias de esta catástrofe y prevenir la de aquellos paí ses que viven en condiciones de pobreza permanente; que las universidades públicas de Castilla y León «se comprometen a contribuir a la restauración de la formación académica superior en los centros de las zonas devastadas»; que no podemos olvidar la catástrofe humanitaria permanente en la que viven millones de seres humanos, ya que en 2009 se alcanzó la cifra récord de 1.020 millones de personas que pasan hambre; y que la ingente cantidad de muertos, heridos y desaparecidos, no la ha causado sólo «un terremoto», sino la situación de extrema pobreza en la que sobreviven millones de seres humanos.
¿Cómo medir la pobreza y exclusión social?
La importancia de la investigación en las universidades se mide en resultados. Y un ejemplo es el de Pedro Hernández Lafuente, investigador de la Universidad de Granada, que a través de su tesis doctoral El análisis de la pobreza y la exclusión social: una propuesta metodológica ha desarrollado un nuevo método para medir estos factores, precisamente en el Año Europeo contra la pobreza y exclusión social.
Propone modificar algunos criterios de medición de situaciones de riesgo económico sociosanitario o ambiental y procesos de agravamiento de los mismos.
Entre otras cosas, aconseja medir la pobreza en el campo de los ingresos económicos y rentas de patrimonio incorporando el criterio de «umbral de subsistencia», puesto que lo considera más objetivo que el concepto tradicional de «umbral de pobreza».
Asimismo, propone que la Renta Básica sea un derecho universalizable e insta a que sea aprobada por nuestros representantes polí ticos sin más dilación «para completar ingresos mí nimos para subsistir personas o familias».
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