Peritos declaran el próximo viernes en el contencioso abierto por el Plan Parcial de Valdevaqueros

Ecologistas en Acción ha informado de que el próximo viernes comparecerán en el juzgado los peritos de todas las partes en el contencioso-administrativo iniciado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras admitir a trámite, en enero de 2013, el recurso planteado por el colectivo ecologista contra la aprobación por parte del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) del Plan Parcial SL1 de Valdevaqueros.
Según ha explicado a Europa Press Antonio Muñoz, portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar y miembro de la Plataforma Salvemos Valdevaqueros, aunque ven que hay «una predisposición de la Junta de Andalucía de preservar esta zona» con la aprobación del Plan del Corredor Litoral, siguen teniendo «algunas dudas» y seguirán adelante con el contencioso «hasta el final», seguros de que los tribunales finalmente les darán la razón y garantizar así la protección del que consideran «uno de los parajes litorales vírgenes más afamados y valiosos del sur de Europa».
Apunta Muñoz que, pese al posicionamiento de la Junta, no pueden evitar tener «ciertas dudas» al darse situaciones como la ocurrida cuando la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho abordó la ampliación del Plan del Litoral en esa zona y «el PSOE de Tarifa voto en blanco».
Reconoce que no votó en contra como el alcalde tarifeño, Juan Andrés Gil (PP), y el PP, pero, ante ello, «no tenemos más remedio que seguir adelante para que no haya dudas sobre que el expediente no está bien tramitado desde el principio» y que «todos los trámites que se han ido haciendo en estos últimos años para urbanizar esta zona eran ilegales», ya que, entre otras cuestiones, «tendrían que haber pasado una serie de trámites de estudio de impacto ambiental y no lo hicieron».
EL PLAN
Recuerda Muñoz que el Plan Parcial fue aprobado por el Ayuntamiento de Tarifa el 29 de mayo de 2012, y publicado el 7 de noviembre en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Sostiene que la aprobación de esta «macrourbanización» –con una superficie de 740.000 metros cuadrados junto a la playa, con 350 viviendas y varios hoteles con 1.423 plazas hoteleras– se ha realizado «vulnerando todo tipo de normas y planes medioambientales», por lo que entienden que «debe ser anulado y definitivamente desestimado».
Entre las «ilegalidades» en las que Ecologistas en Acción basa su recurso, figura que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tarifeño «elude» las normas del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que no permiten «crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40 por ciento del suelo urbano existente».
En este sentido, detalla que el PGOU de Tarifa contempla «ocho nuevas macrourbanizaciones» en el litoral con «5.688.627 metros cuadrados», lo que «multiplicaría por cuatro» el actual núcleo urbano de Tarifa. El PGOU contempla la construcción de 12.511 nuevas viviendas, lo que implicaría un aumento de 30.000 habitantes. Argumenta que «teniendo en cuenta que la población actual de Tarifa es de 17.962 habitantes, estas previsiones de crecimiento, además de incumplir normas legales, no se pueden calificar más que de delirantes».
Por otra parte, destaca que el 30 por ciento de la «macrourganización», concretamente 222.700 metros cuadrados, se encuentra en el interior de la zona protegida como Parque Natural del Estrecho, incluida en la Red Natura 2000 de la Unión Europea (UE) como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.
Agrega que también se ha «incumplido» la normativa del Parque Natural del Estrecho, subrayando que los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de los parques naturales tienen rango superior a los PGOU y, por tanto, es «incompatible la declaración como urbanizable de la zona de Valdevaqueros que está estrictamente protegida por el PORN».
Apunta que el Plan Parcial «vulnera varias directivas comunitarias –Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de planes y programas en el medio ambiente–, que obligan a someter al preceptivo proceso de evaluación de impacto ambiental los proyectos que afecten a los hábitats incluidos en espacios incluidos en la Red Natura 2000.
Finalmente, explica que en la demanda se han incluido, además, diversos informes técnicos y científicos –entre ellos, el suscrito por Miguel Ángel Losada, catedrático de la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada–, que «demuestran el gran impacto negativo que tendría el desarrollo de este proyecto urbanístico».
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