Profesionales y expertos en la trata con fines de explotación sexual han demandado hoy una «revolución social» en España contra este fenómeno, que afecta en el mundo a 2,5 millones de personas (el 80% mujeres y niñas), al modo de la intervención integral puesta en marcha contra la violencia machista.
Así lo han puesto de manifiesto durante la inauguración del II Congreso Nacional de Extranjería y Nacionalidad: la trata con fines de explotación sexual, organizado por la Universidad de Granada.
La codirectora del congreso y experta en Derecho Internacional Privado, Ángeles Lara, ha considerado necesaria una «revolución social» contra esta práctica delictiva, la tercera más lucrativa tras el tráfico de armas y de drogas, para abordarla en su conjunto.
Ha reconocido los avances registrados en los últimos tiempos, como la puesta en marcha de un plan integral contra la trata con fines de explotación sexual, pero ha considerado que aún queda mucho por avanzar, empezando por la sociedad, que no es consciente, dice, de que esta práctica no solo afecta a los países subdesarrollados sino también a otros como España, que se ha convertido «en uno de los principales receptores» de este tipo de prácticas delictivas.
Lara mantiene que todavía hoy las víctimas de la trata no son vistas «como lo que realmente son»: víctimas de violaciones y torturas, y que a las prostitutas se las rechaza y culpa de su situación.
Esa consideración ha sido secundada por la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Soledad Pérez, que para dar a conocer la visión que predomina entre los hombres sobre la prostitución, se ha referido a una encuesta realizada hace siete años en Andalucía pero ilustrativa a su juicio del concepto que aún perdura entre los varones sobre las mujeres que la ejercen.
Esa encuesta arrojó datos como que el 73% de los hombres, especialmente los de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años, consideraba la prostitución un fenómeno «normal», pese a que la mayoría reconocía que las mujeres que la ejercen lo hacen para sobrevivir o por dificultades económicas o familiares.
Además, el 54% de los hombres que la practican contestaban que el dinero de la prostitución iría a parar a las mafias y proxenetas.
El Instituto Andaluz de la Mujer ha incrementado en los últimos seis años el 60,4% la inversión en programas para mujeres víctimas de trata, la pasar de los 179.000 euros en 2004 a los 287.200 de 2010, lo que ha permitido subvencionar en el último año 19 proyectos.
En el congreso también han participado entre otros la directora general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, Rocío Palacios, quien ha indicado que el 90% de las mujeres víctimas de la explotación sexual son inmigrantes, y el alcalde de Granada, que ha puesto la ordenanza de la convivencia aplicada en esta ciudad como ejemplo de la aportación que los ayuntamientos pueden hacer a la erradicación de este fenómeno.
En sus dos años de aplicación, la ordenanza de la convivencia, que impone sanciones de hasta 3.000 euros por el ejercicio de la prostitución en la calle, ha registrado un total de 456 denuncias relacionadas con esta práctica, 373 de ellas por ofrecimiento de servicios sexuales y otras 83 a clientes.
