Sólo uno de cada 10 andaluces sabe lo que es el testamento vital, según investigadores de la Universidad de Granada, que han elaborado por primera vez en Europa un programa que permite mejorar los conocimientos y actitudes de la población hacia las voluntades anticipadas, así como incrementar su uso.
Para la investigación, su autora, María Isabel Tamayo Velázquez, del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, realizó una encuesta sobre conocimientos y actitudes de población general mayor de 18 años de las áreas de gestión sanitaria Norte de Málaga y Norte de Almería acerca de las voluntades vitales anticipadas, ha informado hoy la Universidad de Granada en un comunicado.
La encuesta se llevó a cabo sobre una muestra de 1.200 personas, según la investigación, que ha demostrado que una intervención comunitaria integral permite mejorar los conocimientos y actitudes de la población usuaria de un área de gestión sanitaria hacia las voluntades anticipadas, así como incrementar su uso.
El programa de actuación permitió que el porcentaje de personas que dice tener conocimientos sobre las voluntades anticipadas pasara de un 9,3% antes de la intervención a un 27,9% después de la misma.
Dirigida por los profesores Elena Espigares Rodríguez, Pablo Simón Lorda y José Luis Cabezas Casado, se trata de una investigación pionera fuera del marco anglosajón.
Según la Universidad de Granada, hasta ahora nunca se habían evaluado en España, y más concretamente fuera de Estados Unidos, Canadá o Australia, estrategias para incrementar el uso de las voluntades anticipadas por parte de la población.
La efectividad del despliegue de acciones informativas, educativas y de proceso que tuvo en la comunidad del área sanitaria Norte de Málaga se vio reflejada en un aumento de las tasas de voluntades anticipadas registradas por la población que ha recibido la intervención.
La población intervenida no sólo obtuvo una tasa de voluntades anticipadas registradas cuatro veces mayor que antes de llevar a cabo la intervención, sino que además esta tasa casi se triplica (2,74) al compararla con el grupo control.
Según la autora, aunque aún falta mucho para que todas las personas alcancen un proceso de muerte acorde a sus necesidades y preferencias, la nueva legislación, el cambio de rol de la ciudadanía y del personal sanitario y procesos como la planificación anticipada de las decisiones «son el camino para acercarnos cada vez más a una muerte digna que proteja la autonomía individual e imponga el criterio de calidad de vida».
