Los expertos del PSOE en el Congreso refuerzan la línea favorable al aborto libre
Segunda jornada de comparecencias ante la subcomisión del Congreso encargada de estudiar la reforma de la ley del aborto y de nuevo un experto seleccionado por el PSOE abogó por el aborto libre. En la sesión de hace una semana, le tocó defender la despenalización a Marisa Sotelo, presidenta de la Fundación Mujeres. Ayer se encargó de reforzar esta línea argumental que tanto parece complacer al PSOE el presidente del Consejo de Administración de la clínica Dator, Guillermo Sánchez.
La participación de Sánchez resultó casi clandestina. Se escabulló de los periodistas tanto al entrar como al salir de la sesión por el acceso que los diputados utilizan para ir al servicio. De su paso por el Congreso sólo trascendió una nota de prensa que repartió un asistente suyo. Resumiendo: barra libre para el aborto.
Y quedó una sensación muy extraña al comprobar cómo se otorgaba voz en el Congreso a una parte tan íntimamente interesada en el lucrativo negocio de los abortos, al representante de una de las mayores clínicas abortistas que existen en España. Una persona que ganará más dinero cuanto más abortos se produzcan.
Parte muy interesada
Sobre tan controvertida presencia, la secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, expresó su «sorpresa y perplejidad» por la circunstancia de que el abortista dejara «sin contestar la mayoría de las preguntas que le ha hecho el PP. No ha querido dar datos de cuánto dinero se mueve en estas clínicas ni de cuántos abortos practican». Su compañera de grupo parlamentario, Lourdes Méndez se limitó a comentar: «Nosotros no traemos a personas que se lucran con el drama del aborto».
Sí ofrecieron a cara descubierta sus opiniones los catedráticos Francisco Balaguer (propuesto por el PSOE) y Julio Banacloche (por el PP). Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, argumentó que «es perfectamente posible y lícito incorporar un sistema de plazos que establezca la libre decisión de la mujer». Según su punto de vista, «no hay objeción constitucional alguna manteniendo los supuestos actuales de despenalización».
Banacloche, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, por su parte, defendió que «no es necesaria una reforma de la actual ley, porque el número de abortos (cien mil) demuestra que es una norma que se aplica». Rechazó que existiera, como defiende el PSOE, «inseguridad jurídica». «Si uno analiza -prosiguió- las Memorias de la Fiscalía General del Estado, que es la encargada de ver qué tipos penales están generando inseguridad, en ningún caso aparece el aborto como aspecto necesitado de reforma».
Rechazó la constitucionalidad de una futura ley de plazos: «No cabe en el sistema jurídico español. La Ley de plazos, por definición, supone una desprotección absoluta del nasciturus. Precisamente el Tribunal Constitucional estableció en su día (en 1985), en la interpretación del artículo 15 de la Constitución, que la vida humana en gestación es un bien jurídico y por tanto debe protegerse. Por contra, la Ley de plazos supone que la mera voluntad de la madre es suficiente para llevar a cabo el aborto».
Por último, quiso dejar claro que «en contra de lo que se ha comentado, el marco constitucional ya está fijado. Es decir, no se parte de cero. En esta cuestión no caben dudas sobre la opinión del Constitucional. El nasciturus puede heredar, puede recibir donaciones, puede ejercitar acciones… Es decir tiene una protección absoluta. Y el Código Civil dice que al concebido se le tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables».
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