Los eméritos piden más tiempo
Experiencia, vocación y prestigio. Son términos inherentes a la figura del profesor emérito. Así lo consideran quienes ostentan este título en la Universidad de Córdoba (UCO) y así creen que deberían ser considerados por la comunidad universitaria y el resto de la sociedad.
Sin embargo, los docentes retirados opinan que, en la mayoría de las ocasiones, esto no es así. La ausencia de un marco normativo común, que regule el acceso al cargo, su estatus dentro de la Universidad, así como sus funciones, derechos y obligaciones, han provocado una desigualdad en el trato al profesor emérito en los distintos centros de enseñanza superior de Andalucía y del resto de España.
La hora del cambio
Ahora, los profesores eméritos, luchan una vez más, por lograr un cambio que, de un lado, mejore su posición dentro de las universidades y, de otro, no limite su vínculo con la institución a tres años, como ocurre actualmente. La Asociación de Profesores Eméritos de las Universidades de Andalucía, presidida por el ex rector de la UCO Amador Jover, está preparando el estatuto del profesor emérito en Andalucía y quiere que el gobierno autonómico introduzca cambios en la Ley Andaluza de Universidades (LAU) para que se eliminen los criterios de antigüedad -hay que tener 25 años de experiencia para ser emérito- y el límite de tiempo en la relación contractual.
Asimismo, junto a docentes eméritos de otras universidades españolas, quieren que el futuro Estatuto del Profesor Universitario incluya a los profesores eméritos y su marco regulador en los mismos términos.
La Universidad de Córdoba cuenta actualmente con cinco profesores eméritos. Son los catedráticos Amador Jover, Antonio López Ontiveros, José Agüera, José Javier Rodríguez Alcaide y Rafael Mayer. Hasta el curso pasado el profesor Rafael Martínez Sierra también pertenecía a este grupo. Sin embargo, su departamento emitió un informe desfavorable sobre su labor y no pudo renovar el último año de contrato que le quedaba con la Universidad. Los docentes eméritos ponen el caso de Martínez Sierra como ejemplo de la arbitrariedad del actual proceso designación y de como, a veces, las diferencias personales pueden condicionar el trabajo del profesor emérito.
La normativa, recogida en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y en la LAU, establece que podrán acceder al cargo de eméritos aquellos docentes jubilados que hayan prestado durante 25 años servicios destacados a la universidad. Estos profesores podrán ser contratados por las universidades por periodos anuales hasta un máximo de tres años. «No obstante la extinción de la relación contractual, el tratamiento de profesor emérito será vitalicio, con carácter honorífico», citan las leyes. A partir de aquí son las universidades las que tienen que determinar su posición y sus funciones.
Los estatutos de la UCO recogen la figura del profesor emérito en su artículo 181. Éste establece que los docentes eméritos «serán nombrados por el rector, oídos el Departamento y la Junta de Centro, y previo informe favorable del Consejo de Gobierno». Asimismo, indica que «su labor docente consistirá en la impartición de las enseñanzas correspondientes a los estudios de tercer ciclo, seminarios, cursos monográficos y de especialización», y que no podrán desempeñar ningún cargo académico.
Dignificación del emérito
Y es aquí, en la normativa, donde, según los docentes eméritos de la UCO, empiezan los problemas. Las peticiones de este colectivo se ciñen a tres aspectos: elaboración de un estatuto y marco normativo común, cambios en el proceso de designación y prorrogar la actividad del emérito mientras éste esté capacitado y así lo quiera. «En definitiva, dignificar la figura del emérito e igualarla al tratamiento que recibe en el resto de Europa o en Estados Unidos», afirma Amador Jover.
El ex rector pone un ejemplo de la confusión normativa actual: «En la UCO no se puede ejercer la docencia, mientras que los eméritos de Sevilla pueden impartir créditos de segundo ciclo. En la Universidad de Granada se designó a una catedrática emérita como defensora universitaria. Aquí no se puede».
Otra de sus reivindicaciones es el estatus, la posición, que ocupan en la universidad. «No hay que olvidar que el profesor emérito da prestigio a la institución», explican estos docentes. «Sin embargo, en 24 horas pasamos de ser catedráticos y miembros claustrales, a estar en el cuerpo de profesores contratados», añade Jover, quien reivindica un reconocimiento de su categoría a efectos de representación en órganos universitarios. «Estamos en un apartado que es una especie de cajón desastre. Es necesaria una mejor definición de nuestra labor y nuestra posición dentro de la universidad», apunta, por su parte, el profesor Rodríguez Alcaide. Este emérito propone, además, modificar el actual proceso de designación.
«El nombramiento debería basarse en una relación bilateral entre el docente y la universidad dentro de un estatuto bien definido». Para Rodríguez Alcaide, la futura normativa debería desvincular a los eméritos de los departamentos y que, en su lugar, se les designe una labor dentro de la universidad. «El sistema actual puede generar enfrentamientos, desacuerdos en algunos casos», añade.
Riñas académicas
Martínez Sierra ha vivido esas desavenencias en el departamento: «Me quitaron el despacho al día siguiente de jubilarme. Me quedé sin espacio físico donde trabajar y desarrollé mi labor en el hospital y en casa». Para otros docentes, en cambio, la situación es más satisfactoria. «Es como si no me hubiese jubilado», indica José Agüera. Aún así, hay profesores de la UCO que critican la figura del emérito tal y como está concebida. «No se comprende nuestra labor. De entrada es un reconocimiento al trabajo realizado durante 25 años, en mi caso 30. Por otro lado, la actividad que he venido realizando en el hospital no la puedo dejar sin más, precisa de un control rigurosísimo. Lo mismo que las tesis doctorales», afirma Sierra.
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