‘La sociedad no está a la altura’

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es valorada como una herramienta útil por fiscales, jueces, abogados, médicos y psicólogos. Sin embargo, año tras año, no es capaz de frenar la negra estadística de muertes (en 2010 se ha superado la cifra de 70 víctimas mortales). ¿Qué está fallando? Un grupo de expertos consultados por ABC pone el foco en los defectos de aplicación de la norma y en la ausencia de una verdadera apuesta educativa en igualdad. «Publicar leyes no es caro; dotarlas, es diferente», señala Consuelo Abril, abogada especializada en Derecho de Familia y portavoz de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres. «Los operadores que tienen que hacer efectiva la ley no están a la altura: el médico, el psicólogo, el vecino… y, por supuesto, la justicia, así que me incluyo en la crítica. Falla la sociedad entera. Nos enfrentamos a una formación patriarcal vigente durante siglos que establece roles muy difíciles de erradicar. Mientras no haya una apuesta seria por los recursos desde el ámbito político y educativo esta ambiciosa ley no dejará de ser papel mojado».
Soledad Cazorla, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer, apunta al «factor miedo» como una de las causas que entorpecen la normativa. «El miedo que sufren diariamente las víctimas de esta grave y singular violencia no nos permite poner en práctica todas las soluciones a nuestra disposición. Solo hay una manera de escapar: comunicar la situación que se padece. Momento en que toda la maquinaria legal se pone en marcha». La fiscal añade que la prevención es vital para enfrentar el problema con garantías. «La igualdad no puede ser una teoría recogida en los textos, sino una forma de convivencia. No creo que el camino más eficaz para derrotar o paliar los efectos de estos actos criminales sea dar un giro de tuerca y endurecer las penas; nuestro empeño debe centrarse en la educación de la sociedad para que se desprenda de sus hondas raíces machistas y en la protección de las víctimas (mujeres y menores)».
Tapar las vías de escape
La Fiscalía General del Estado propone en su memoria anual, hecha pública a finales de septiembre, modificar la ley para impedir que las mujeres maltratadas por sus parejas que denuncian a su agresor se acojan después al derecho a no declarar contra él en el juicio; ésta es una de las principales reformas que, a iniciativa de varias fiscalías autonómicas, se recogen en el documento, y que intentan tapar las vías de escape a los maltratadores. Según la Fiscalía de Barcelona, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla el citado derecho de la mujer a no declarar contra su cónyuge, es una «frecuentísima» causa de sentencias absolutorias que no deberían serlo.
«Como sociedad no hemos conseguido que toda la ciudadanía incorpore a su sistema de valores el de la igualdad real y el rechazo radical a todas las formas de discriminación de las mujeres, tanto explícitas como implícitas», comenta la magistrada Paloma Marín López, jefa de la Sección del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. «Otros derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución han sido asumidos sin dificultad por mayores y jóvenes; sin embargo, existe todavía una resistencia de fondo a las proyecciones de algunas manifestaciones de la igualdad efectiva, producto de construcciones culturales que han labrado históricamente la discriminación de las mujeres. En tanto no consigamos la asunción de ese valor, los modelos de relación jerarquizada y la violencia machista continuarán poniendo obstáculos a la efectividad de las medidas desarrolladas al respecto». Para Marín López, es preciso «garantizar en todos los profesionales que desarrollan su actividad en la administración de Justicia un conocimiento suficiente del contenido del derecho a la igualdad real entre hombres y mujeres, y que éste se constituya en principio informador de la actividad de cada uno de ellos».
Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, tiene palabras de elogio para la Ley Integral, «una herramienta que es el resultado del trabajo tenaz de muchas personas y que trata de abordar la violencia de género desde diferentes ámbitos e instituciones. El problema es que es una norma contestada porque España sigue siendo un país machista: el texto ha recibido más de 300 recursos de inconstitucionalidad porque, supuestamente, discrimina a los hombres, algo que es falso, ya que hablamos de violencia de género, no familiar. A esto se suma una campaña que trata de demostrar que muchas mujeres denuncian en falso. Parece mentira que una sangría sin tregua genere dudas, que no haya unidad para combatirla. Desgraciadamente, la realidad es muy tozuda. Tenemos el caso reciente de una mujer que vivía en un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce, a la que se denegó una orden de protección. A los quince días fue asesinada. El fallo no está en la ley, sino en su aplicación. Hay jueces —pocos, pero muy visibles— que parece que la boicotean».
La formación en género
Ana María puso en marcha el Centro de Atención, Recuperación y Reinserción para Mujeres Maltratadas donde trabaja la psicóloga Marta Ramos, que tiene que escuchar cada día historias de vejaciones y humillaciones que parecen sacadas de tiempos neolíticos en vez del siglo XXI. Critica «la falta de comunicación entre profesionales. No hay protocolos claros, cada actuación depende de los conocimientos o la ideología del experto… o de las competencias de las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sí hay formación en el ámbito sanitario; incluso gente del mundo judicial asiste a estos cursos. Pero, en general, falta mucho por hacer. Tenemos que fomentar los buenos tratos en nuestra relación con los demás y acabar con el patriarcado como forma de entender los vínculos entre el hombre y la mujer. Los medios de comunicación deben hacer autocrítica: se empeñan en centrarse sobre la víctima y el morbo que genera su drama, y no tanto sobre el verdugo y su correspondiente castigo».
Según Juana María Gil Ruiz, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada y miembro del Observatorio Andaluz de Violencia de Género, esta ley implica a la ciudadanía, y no a un colectivo. «Ser mujer es ser ciudadana, y todo esfuerzo legislativo debe ir dirigido, con la Constitución en la mano, a que las mujeres puedan participar en la vida social, económica, cultural y política de los pueblos, siendo parte constitutiva de los mismos y no un mero anexo minoritario».
Hay una verdad obvia, un talón de Aquiles en la aplicación de las leyes: «La formación en género no se intuye. De nada me sirve un esfuerzo legislativo al respecto —mejorable, pero válido—, si los operadores últimos, las personas que han de actuar, carecen del conocimiento y del compromiso que implica el nuevo Derecho antidiscriminatorio», añade Gil Ruiz. «Tampoco la perspectiva de género, una perspectiva metodológica compleja que incorpora categorías técnicas que han de estudiarse, va vinculada a la mera sensibilidad; ni es tan sencillo como agregar o sumar la palabra “mujeres” a los discursos o a los análisis de la realidad, supuestamente “con perfil de género”. Ésta hay que aprenderla y aprehenderla, con una enorme H intercalada; y no se adquiere, tan solo, con la realización de un curso, un máster o escuchando la conferencia de un experto en igualdad de oportunidades. No es una cuestión de cantidad —que también—, sino de calidad. Incorporar esta categoría reivindicativa obliga a tener que cortar las entrañas machistas, y en algunos casos, sexistas, generadas por nuestra socialización patriarcal y ponerse las gafas de género para analizar la realidad, diagnosticarla y buscar alternativas inclusivas de todos los seres humanos».
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