La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha pedido hoy a las administraciones públicas que «no ataquen» a las empresas de la provincia al imponerles «condiciones leoninas» para poder acceder a las licitaciones públicas que se convocan en Granada.
Representantes de los sectores más afectados por este problema, como la obra pública o la vigilancia y seguridad de edificios, han comparecido en rueda de prensa para alertar de que la situación ha llegado a ser «insostenible» para muchas pequeñas empresas que están al borde del cierre.
Así lo ha señalado Salvador Frutos, secretario general de la CGE, que ha pedido a la Administración que no cierre las puertas a las compañías locales, que son las que intentan mantener el empleo y generan riqueza para la sociedad.
Durante la rueda de prensa, según ha informado la CGE en un comunicado, se ha hecho referencia a casos concretos como el de Cetursa-Sierra Nevada, que en sus licitaciones para la limpieza otorga mayor puntuación a compañías con experiencia en limpieza de estaciones de esquí.
«Esto no tiene sentido ya que la adjudicación será seguramente para una gran empresa de fuera de Granada», ha comentado María Carbonne, de la Asociación Granadina de Empresas de Seguridad.
Como ejemplo de las pérdidas que esta situación acarrea al tejido industrial local, ha asegurado que sólo entre 2010 y 2011 las instituciones granadinas han convocado concursos por valor de 14,3 millones de euros a los que no ha podido acceder ni una sola compañía de seguridad granadina.
En el caso de la obra pública se encuentran además con que las administraciones sacan los proyectos a subasta y adjudican por debajo del coste, lo que supone «una verdadera insensatez» a juicio de José María Aguilar, presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción de Granada (Asopymec).
Aguilar ha abogado por adoptar «medidas de crisis para tiempos de crisis» porque, a su entender, las administraciones públicas granadinas no están apoyando de manera suficiente al tejido productivo local.
La CGE, como representante de los empresarios afectados, ha trasladado su preocupación por este problema a los representantes públicos en varias ocasiones, principalmente del Gobierno central, de la Junta de Andalucía, de la Universidad de Granada y de la Diputación de Granada, pero hasta ahora no han logrado ningún avance. EFE
