The Conversation | Autores de la UGR:
- Juan López-Morales
Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad de Granada - Rubén Gregorio Pérez García
Doctor Investigador Fundación SAMU y Personal Docente e Investigador Universidad de Granada
Autores de otras instituciones:
- Anabel Ramírez López. Trabajo Social, Universidad Pontificia Comillas
Desde aplicaciones que monitorizan la ubicación y los minutos de descanso de las personas trabajadoras –como ocurre en Amazon– a los relojes inteligentes utilizados en algunos hoteles, que vibran si captan que el personal de limpieza no está cumpliendo el timing de preparación de las habitaciones, en los últimos años, la vigilancia digital en el empleo ha entrado en la vida de los trabajadores sin un cuestionamiento social firme sobre sus posibles consecuencias.
Relojes que miden el tiempo de descanso
Bajo promesas de eficiencia, lo que experimentamos en sectores como la logística, la hostelería y los cuidados es la instauración de una lógica que prioriza la productividad matemática por encima de la salud física, mental y social. Investigadores como Trevor Scholz, profesor en el Centro Berkman Klein de Harvard y autor de Uberworked and Underpaid: How Workers are Disrupting the Digital Economy (Polity, 2017), llevan más de una década denunciando esta clase de prácticas, que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OSHA) ha bautizado como “látigo digital”.
Cuando las herramientas tecnológicas se transforman en un panóptico de presión constante, inevitablemente se convierten en una fuente de estrés crónico y ansiedad para el trabajador. Este cambio de paradigma no es un hecho puramente técnico: cuando un algoritmo decide el ritmo, evalúa el rendimiento o selecciona quién conserva su empleo, se pueden llegar a redefinir los límites de la dignidad humana.
Delegar decisiones en sistemas carentes de conciencia
Como analiza la literatura sobre el “capitalismo de la inteligencia artificial”, todo artefacto técnico lleva inscrito en su código las decisiones, sesgos y prioridades de quienes lo diseñan.
Además, al encomendar decisiones humanas delicadas a sistemas automatizados que carecen de conciencia, se produce un hecho social peligroso: la evaporación de la responsabilidad social. El descarte de los que menos rinden justificado por evaluaciones algorítmicas queda camuflado tras una falsa cortina de “objetividad” técnica. Ante ella, el trabajador ni siquiera sabe a quién reclamar.
Del tecnofeudalismo a la responsabilidad social
En este escenario, las plataformas digitales y los grandes monopolios orquestan la infraestructura invisible de los valores morales de la sociedad.
Algunos economistas y sociólogos definen nuestra era como un “tecnofeudalismo”, donde unas pocas corporaciones acumulan datos, capital informático y una asimetría de poder sin precedentes.
Esta acumulación altera el contrato de trabajo tradicional. Se expande, así, el poder de dirección y control del empresario a través de ojos invisibles y matemáticos.
Sin embargo, buscar la solución en apelar a una “ética de las máquinas” es insuficiente. Tal y como defiende el derecho laboral contemporáneo, no basta con buenas intenciones: se necesitan marcos jurídicos vinculantes y una regulación estricta que proteja los derechos fundamentales de los trabajadores frente a la superioridad estructural del empleador. Los vacíos de impunidad corporativa no se cierran con declaraciones filosóficas, sino con leyes de obligado cumplimiento.
Hacia una regulación que ponga límites
Para que la tecnología no aplaste al eslabón más débil, la comunidad científica internacional exige pasar de inmediato a un modelo de “IA responsable”. El marco legal de la Unión Europea ya clasifica estos sistemas según su riesgo y establece siete requisitos técnicos obligatorios para una IA confiable, destacando el control humano, la equidad, la no discriminación y el bienestar social.
Por otra parte, la reciente Directiva europea para mejorar las condiciones de trabajo en plataformas digitales, que los Estados miembros deben implementar a partir de diciembre de este año, prohíbe recabar datos sensibles de los trabajadores –como su estado psicológico o emocional o sus conversaciones privadas–.
Asimismo, esta ley europea obliga a las empresas a informar a los empleados del uso que se hacen de la monitorización automática de su trabajo, así como analizar el impacto que esta tiene en los trabajadores.
Contra la precariedad algorítmica
No obstante, sigue existiendo una preocupante brecha entre la velocidad del desarrollo tecnológico y el ritmo al que maduran nuestras instituciones y normas de control sobre esta inteligencia.
Es en esta grieta donde profesiones comprometidas con la justicia social, como el Trabajo Social, deben dar un paso al frente. Tradicionalmente volcada en las desigualdades materiales, esta disciplina afronta hoy el reto de intervenir ante las nuevas formas de violencia digital y precariedad algorítmica. Defender los derechos humanos en el siglo XXI implica exigir que los sistemas de IA se piensen bajo criterios de equidad, transparencia y rendición de cuentas.
La innovación técnica es una de las mayores capacidades de la humanidad, pero debe estar al servicio de la sociedad y del bien común, en vez de contribuir a la deshumanización del entorno laboral. Tener “poder tecnológico” no debería ser equivalente a poseer el derecho a gobernar de forma absoluta la existencia de las personas trabajadoras. Devolviendo el control a lo humano, haremos de nuestro entorno digital un espacio verdaderamente habitable, empático, solidario y justo.