La conclusión es que se requieren dos décadas de ‘empuje’ de la ciudadanía hasta el momento en que se legisla y que, posteriormente, no se producen nuevas demandas éticamente injustificables o controvertidas
Un grupo de investigadores pertenecientes al Departamento de Filosofía I y a FiloLab, Unidad de Excelencia de la Universidad de Granada que trabaja en el ámbito de la Filosofía aplicada a distintas esferas del debate público, ha publicado un artículo de gran relevancia en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), una de las revistas científicas de más relevancia a nivel mundial. El estudio, titulado Legal provisions on medical aid in dying encode moral intuition (Las disposiciones legales sobre la ayuda médica al morir codifican la intuición moral, en español) analiza las disposiciones legales sobre la eutanasia y el suicidio asistido en distintos países y explora la relación entre esas normativas, la movilización social y la intuición moral compartida por la sociedad.
La conclusión del estudio es que se requieren aproximadamente dos décadas de movilización social, más o menos intensa, para que el poder legislativo finalmente apruebe una norma que regule ambas situaciones. Por otro lado, los investigadores han determinado que no hay riesgo de que posteriormente exista algo parecido a una escalada de nuevas peticiones que se sitúen en el ámbito de lo éticamente injustificable o controvertido. El grupo de investigadores ha analizado para 27 marcos normativos de otros tantos países, los registros históricos de 40 años de actitudes de la sociedad hacia la eutanasia y el suicidio asistido y, finalmente, ha realizado dos encuestas experimentales sobre estos asuntos en España e Inglaterra.
En las últimas décadas, la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido ha avanzado globalmente, paralelamente a un aumento generalizado en la aceptación publica de estas prácticas. Sin embargo, los expertos en ética médica y política han alertado sobre el riesgo de una «pendiente resbaladiza», que podría derivar en un debilitamiento de la oposición global a otras formas no éticamente justificables de muerte medicalizada.
El estudio, liderado por el Dr. Ivar R. Hannikainen, revela que las actitudes morales preexistentes son el principal factor que determina la promulgación de leyes sobre la asistencia médica para morir. A través de esas dos encuestas experimentales, registros históricos de la percepción social sobre el asunto y las diferentes legislaciones existentes, los autores concluyen que la legalización de estas prácticas no altera significativamente la percepción moral de la sociedad. En lugar de ello, las leyes reflejan y consolidan un sentido moral compartido que ya existe y que se ha fraguado en, por lo general, las dos décadas anteriores. Estos patrones morales se alinean con los criterios que legalmente determinan la elegibilidad de los pacientes e incluyen restricciones comunes, como la mayoría de edad del paciente, su capacidad de toma de decisiones, su pronóstico clínico y la naturaleza de su enfermedad, criterios cuyo cumplimiento eleva la aprobación moral hacia la muerte asistida por médicos.
Impacto y relevancia del estudio
Por otro lado, los hallazgos cuestionan la tradicional preocupación de que la legalización de la eutanasia pueda desencadenar un efecto en cadena hacia prácticas éticamente controvertidas. En cambio, destacan que las leyes sobre la ayuda médica para morir cristalizan la relación entre la cognición moral y la normativa legal, disipando temores de una progresión hacia terrenos éticos ambiguos. Este trabajo no solo aporta un valioso enfoque para el entendimiento de la eutanasia y el suicidio asistido desde una perspectiva ética y legal, sino que también reafirma el liderazgo del Departamento de Filosofía I de la Universidad de Granada en la investigación sobre bioética y ética aplicada.
El estudio se enmarca en el proyecto CNS2023.144543 “Interpretación Legal y Razonamiento Moral”, así como en el proyecto INEDYTO-II (PID2020-118729RB-I00), ambos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), consolidando así la contribución de la Universidad de Granada en el ámbito de la bioética a nivel nacional e internacional.
Contacto: Ivar R. Hannikainen
