Los aspirantes que ya habían sido pinches interinos en los fogones de los comedores de la Universidad de Granada (UGR)partieron con ventaja sobre el resto de los candidatos, algo que es contrario a los principios de mérito, igualdad y capacidad que, según establece la Constitución, deben regir el acceso a un empleo público. El dictamen del Defensor del Pueblo Andaluz, institución que dirige José Chamizo, es rotundo y claro: la Universidad de Granada (UGR)favoreció a personas que habían trabajado –o trabajaban como eventuales– para la propia institución académica a la hora de seleccionar a una treintena de ayudantes de cocina.
En teoría, se trataba de un concurso-oposición libre, pero la realidad fue bien distinta: «Materialmente, nos encontramos antes unas pruebas restringidas», dice el Defensor en su última memoria de actividades, que recoge la labor que desarrolló el comisionado durante el pasado año.
Baremo excluyente
En este sentido, el Defensor insiste en que el examen en cuestión –que tuvo lugar en 2012– benefició a un grupo determinado de opositores y perjudicó a los demás. «(…) En el proceso convocado se pone de manifiesto un baremo discriminatorio (…), con claro favorecimiento hacia el personal con vinculación laboral con la Universidad de Granada respecto al resto de participantes a quienes dificulta, si no impide, el acceso a las plazas convocadas», detalla el informe, queañade que la forma de valorar «la antigüedad, la experiencia y los cursos de formación se encuentran fuera de los límites constitucionalmente tolerables», toda vez que las bases otorgaban más puntos a los que habían prestado sus servicios en la propia UGR.
«Probablemente –apunta el Defensor– la Universidad de Granada acude a este procedimiento para solucionar el problema concreto de la amplia bolsa de personal que ha accedido en régimen de interinidad o temporalidad al empleo público». Pero la oficina que dirige Chamizo desaprueba ese modo de actuar. «No debe olvidarse que los contratados temporales, o interinos, por el mero hecho de serlo, no tienen ningún derecho preferente para el acceso a la condición de personal laboral fijo o de funcionario de carrera», enfatiza el Defensor.
Así las cosas, la institución recomendó a los responsables de la UGR que, por ejemplo, que adoptasen «las medidas oportunas para incorporar» a los procesos selectivos «la valoración de la experiencia profesional en el sector privado», pero la Universidad «discrepó» y la solución solo fue parcial.
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