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Los abogados piden una prueba práctica de acceso a la profesión

– Los abogados piden una prueba práctica de acceso a la profesión.

Las Escuelas de Práctica Jurídica quieren jugar un papel decisivo en la evaluación de los licenciados en Derecho que quieran trabajar en el sector y para ello, consideran clave que el examen que prevé la Ley de Acceso sea práctico. Por eso, la comisión de formación del CGAE ha elaborado una propuesta de reglamento.

El Consejo General de la Abogacía (CGAE) ha sido el primero en mover ficha sobre el futuro reglamento que desarrolla La Ley de Acceso. El Consejo no quiere perder terreno en la futura tramitación del reglamento. Por eso, la comisión de formación del CGAE ha elaborado una propuesta que fue presentada y aprobada, la pasada semana, por la Asamblea de Escuelas de Prácticas Jurídica (EPJ) en el marco de las XXVI Jornadas Nacionales de EPJ.

En el “documento de trabajo”, como así lo han definido desde el CGAE, se define la prueba de acceso a la que se someterán, tras la vacatio legis de cinco años, los licenciados en Derecho que quieran ejercer la profesión.

Sergio Herrero, decano del Colegio de Abogados de Gijón y responsable de la presentación de texto ante la asamblea, considera clave el diseño de esta prueba ya que determinará “la calidad de los abogados y si el objetivo de la ley de contar con abogados suficientemente cualificados se ha cumplido”.

Para ello, el documento, que tendrá que pasar entre otros trámites internos por el pleno del consejo, propone una prueba eminentemente práctica con dos fases. La primera versará sobre deontología profesional en la que los aspirantes deberán resolver uno o varios supuestos sobre esta materia, así como un caso práctico. Esta fase será eliminatoria para obtener el título.
La segunda fase consistirá, según la propuesta, en la exposición oral y pública ante un tribunal de otro caso práctico.

La Ley de Acceso supone una revolución para las EPJ que deberán consensuar con las universidades, a través de convenios, el plan de formación de estos cursos. Además, con la nueva Ley, las escuelas quieren extener su labor más allá de estos cursos y configurarse como un centro de formación continuada y especializada para los abogados ejercientes.

El Consejo no quiere esperar a la entrada en vigor la Ley para poner en marcha este modelo. “Queremos que comience a funcionar, de forma experimental, durante la vacatio legis”, expresó el presidente del CGAE, Carlos Carnicer.
Pero, este nuevo modelo entraña un problema de financiación paras las escuelas, según los propios responsables.
La Ley de Acceso prevé que los cursos de iniciación a la abogacía se consideren posgrados universitarios y, por tanto, estarán sujetos a un régimen de precios públicos.

Este sistema daría ventaja a las Universidades, ya que tiene subvencionados los gastos generales de los posgrados, mientras que las escuelas se financian con recursos propios y no podrían competir con las universidades en precio. Para Eloy Moreno, diputado responsable de formación del Colegio de Barcelona esta situación daría “preponderancia a los profesores universitarios frente a los actuales formadores de las EPJ –abogados en ejercicio en su mayoría–. Y lo deseable no es, en ningún caso, que el papel de éstos últimos quede relegado a meros supervisores o coordinadores de las prácticas externas que establece la Ley de Acceso”.

Pero, el CGAE quiere poner en marcha la Fundación del Proyecto para la Formación de la abogacía como un instrumento para captar y canalizar fondos públicos y privados de instituciones y empresas que se destinarán a cursos de formación para los abogados. Actualmente, el CGAE está desarrollando los estatutos de la futura fundación que se prevé que esté en funcionamiento a finales de año.

Esta no será la única institucion de este tipo. La Universidad de Granada y el Colegio de Abogados crearon en 2005 la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada para impartir, además de los cursos que prevé la ley, otros programas para los abogados en ejercicio.
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