Bermejo pone a las órdenes de Garzón a los casi ocho mil juzgados de paz de España

Nuevo frente en la ofensiva de «memoria histórica» del magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, esta vez con la colaboración del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Algunas de las instituciones a las que se ha dirigido el juez para activar su recopilación de listados de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ya se han puesto en marcha y, según ha podido saber ABC, en los juzgados de paz se ha recibido ya el escrito, cursado por la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente de Justicia, en el que se pide colaboración a estos órganos judiciales de proximidad, que son 7.680 en toda España. En concreto, se les anuncia que pueden recibir en cualquier momento la visita de funcionarios de la Policía Judicial, y que deben colaborar con ellos en la recopilación de datos.
Competentes en el Registro
Los juzgados de paz, además de tramitar, celebrar y dictar sentencias en juicios de faltas por hechos de pequeña gravedad (insultos, vejaciones, coacciones) que hayan ocurrido en su pueblo, deben atender el Registro Civil en la inscripción de bodas, nacimientos o defunciones, y es esta función registral la que interesa ahora al juez Garzón, por los datos que en este aspecto puedan aportar a los listados de desaparecidos, especialmente en los municipios pequeños.
Entretanto, la Universidad de Granada está también recibiendo testimonios fehacientes de familiares de personas que fueron fusiladas o desaparecieron durante la Guerra Civil que remitirá a Garzón junto al listado de profesores depurados del que dispone la institución académica en su archivo. Ese listado de profesores depurados, que incluye a una treintena de docentes, ya estaba elaborado y pendiente de ser remitido al juez de la Audiencia Nacional, si bien la Universidad ha decidido retrasar el envío unos días ante la recepción de testimonios que serán adjuntados también a la información que harán llegar a Garzón.
Según ha explicado a Efe Miguel Gómez Oliver, vicerrector de Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo y coordinador de la comisión creada por la universidad para cumplir el requerimiento del juez de la Audiencia Nacional, entre la documentación remitida figura una carta escaneada que fue escrita a las dos de la madrugada del 16 de septiembre de 1936 por un hombre -abuelo de un profesor de la Universidad de Granada- que se despide de su mujer y su hija, según el vicerrector.
Gómez Oliver ha precisado que la Universidad no incluirá entre la información que remitirá al juez los testimonios que no estén acreditados. Con ello se pretende también «dar satisfacción» a los familiares de personas que fueron fusilados o desaparecidos durante la contienda, según el vicerrector.
No poseen lo que el juez busca
En realidad, ese listado, que incluye a una treintena de personas entre docentes y lo que hoy se conoce como personal de administración y servicio, no responde con exactitud al requerimiento realizado por el juez, ya que Garzón pidió, tanto a la universidad granadina como a otras instituciones, el nombre de personas enterradas en fosas comunes, las circunstancias y hechos que concurrieron para esos enterramientos masivos, la fecha de los mismos y si las muertes constan anotadas en algún registro público.
Gómez Oliver mantiene que, aparte del listado de profesores depurados, en el archivo universitario no consta ninguna documentación más sobre los represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo.

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