La solución «menos dañina». Así ha calificado la vicerrectora de Política Científica e Investigación de la Universidad de Granada (UGR) la medida con la que aplicarán el Decreto Ley del Gobierno central, por el que los investigadores de esta área verán reducida su paga de diciembre en más de un 80 por ciento.
En declaraciones a Granada Digital, María Dolores Suárez ha se ha mostrado molesta por la actitud que han practicado en los últimos días los portavoces sindicales, con los que dice no entender «el lío» que se ha formado a raíz del anuncio que ella misma se dedicó a hacer a cada uno de los investigadores mediante un comunicado.
Suárez ha dicho que la aplicación del Decreto Ley llega de manera «obligada» desde el Ejecutivo central y por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación que, ha asegurado, es el que les ha instado a que se aplique la deducción de la paga extraordinaria de diciembre a los investigadores o, en su defecto, la reducción equivalente de su salario.
La vicerrectora ha dicho que la medida no se aplicó antes porque se estaba a la espera de conocer si se debía o no aplicar la medida a estos investigadores, ya que su salario pertenece a unos fondos de varias instituciones y que ataña al personal contratado con fondos públicos. Aquellos que están contratados con cargos a grupos y a proyectos, ha indicado, el dinero quedará en el proyecto y ni será devuelto ni se lo «quedará» el vicerrectorado.
«Podríamos haber hecho como otras universidades, aplicarlo en noviembre y diciembre y que averiguaran ellos con los descuentos», ha señalado la responsable de esta área de la UGR, que ha defendido que en todo momento su intención es la de ayudar para que nadie se sienta «perjudicado» por los recortes del Gobierno, con los que ha dicho no estar de acuerdo ni querer aplicarlos.
REPRESENTANTES DEL PDI ESTABAN AL TANTO
La vicerrectora ha lamentado la situación que se ha generado en los últimos días a raíz de la aplicación de este decreto, aunque ha recordado que hay representantes de PDI que sí estaban al tanto de la situación.
Así, ha relatado las reuniones que desde julio ha venido celebrando en los distintos foros destinados a ello. En ese mes el asunto llegó a la Comisión de Investigación, en donde asegura hay un representante de PDI. Fue dos meses más tarde cuando la UGR solicitó la información para aclarar si tenían que aplicarlo o no a los investigadores y cuya respuesta, ha manifestado, se recibió el 9 de octubre, día en el que comunicó que el decreto debía aplicarse ante la Comisión de Investigación.
En su relato de fechas, Suárez ha señalado que el 30 de octubre mantuvo un encuentro con «unos cuantos» investigadores a los que planteó el problema y a los que anunció la posibilidad de ofrecer un anticipo de manera que «no todo el mundo» viese recortada su paga de diciembre. Asimismo les aseguró que aquellos investigadores que no dispusieran de contrato para entonces sus casos serían analizados.
Un día más tarde llevó al Consejo de Gobierno el asunto, ante el que dejó de manifiesto su desacuerdo pese a que debía aplicarlo al poseer una instrucción superior. Tras volver a convocar al comité del PDI, ha señalado la vicerrectora, planteó la posibilidad de que en lugar de aplicarlo en dos meses porque sería «perjudicial» para todos, lo aplicarían en diciembre y con anticipos a cuenta de los investigadores, que deberían devolver hasta mayo: «Me dijeron que muchas gracias y que no habían pensado una solución parecida. Al día siguiente agradecieron mi actitud y la pronta resolución que habíamos tomado». Sin embargo, la situación en los últimos días ha derivado en un conflicto laboral con los sindicatos e investigadores.
SE INTERPRETÓ «AL REVÉS» LO QUE SE DIJO
Suárez ha criticado el papel que han jugado los sindicatos en este asunto, cuya actitud ha calificado de ser «malas personas» por interpretar «al revés» todo lo que se les dice. A su juicio, la intención del Vicerrectorado siempre ha sido la de ayudar al no obtener ningún beneficio en esto, por ello ha censurado que los sindicatos «falseen los resultados» con objeto de «conseguir público o gente que les aplauda». Se ha mostrado «molesta» ante esta actitud que ha calificado de «mala fe» y «deslealtad».
«Si no les aviso y a mitad de octubre les descuento el sueldo cuando me llega la comunicación creo que les hubiera avisado con menos tiempo todavía», se ha defendido la vicerrectora, que además ha criticado que los sindicalistas de UGT no se aclaren a la hora de exigir «que por qué no se lo había aplicado antes y que no lo aplicaran. Qué es lo que quieren exactamente».
Pese a que los investigadores exigirán su dimisión presumiblemente, Gálvez ha dicho que esto es algo que no le preocupa porque es «lo de menos». A s u juicio, tiene muchos años y es profesora de la UGR a la que conocen: «Como persona me hacen poco daño las cosas que puedan decir».
Por último ha recordado que los propios representantes de los investigadores no expusieron otra solución durante la reunión, ya que de lo contrarío se habría analizado. «Es lo curioso aquí, el comité de empresa no dijo nada. Si alguien me dice otra solución la estudiamos. A todo el mundo le pareció bien la que dijimos, y ahora son los mismos los que salen dando voces», ha espetado.
